Al despacho de la jueza Carmen Lamela llegaron ayer dos peticiones de la Fiscalía de España, ambas vinculadas con las acusaciones de sedición contra los integrantes del gobierno catalán que declaró la independencia. La primera tenía como objetivo que la Justicia ordenara la detención de los nueve ex ministros del gobierno depuesto que permanecen en Cataluña, entre ellos el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. En ocho de los nueve casos se trata de una prisión preventiva inexcarcelable; la excepción es Santi Vila, quien renunció antes de que el Parlamento catalán declarara la independencia el 27 de octubre y puede salir si paga una fianza de unos 58.000 dólares.

La Fiscalía también pidió a Lamela que ordenara la detención internacional del destituido presidente catalán Carles Puigdemont y de cuatro ex integrantes de su gabinete que, al igual que él, se encuentran en Bruselas. Anoche la jueza todavía no había adoptado una decisión con respecto a esta solicitud.

La detención de los nueve ministros causó indignación en Cataluña, donde tuvieron lugar varias manifestaciones que reunieron a miles de personas, y generó diversas críticas. Entre ellas, las de las organizaciones independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que convocaron a una marcha en Barcelona que reunió a 50.000 personas, y del ex presidente catalán José Montilla, integrante del Partido Socialista de Cataluña, quien dijo que las detenciones son una respuesta “totalmente desproporcionada” del gobierno español.

Puigdemont habló desde Bruselas y vinculó las detenciones con las elecciones convocadas por el gobierno español para el 21 de diciembre: “Como presidente legítimo, exijo la liberación de los consejeros. Los encarcelamientos son un acto contra las elecciones, que se desarrollarán en un clima de represión sin precedentes”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideró que las detenciones fueron un “gravísimo error político” que responden a un “espíritu de revancha” y a un intento de “humillar a las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes”. Colau pidió que se conforme un “frente común” de partidos, movimientos y organizaciones sociales para “defender la cohesión”, reclamar la “libertad y la amnistía” de los presos, y “parar la aplicación del artículo 155”, por el cual el gobierno de Mariano Rajoy intervino el de Cataluña. “Aunque estén cesados por el 155, todos ellos [los ex ministros detenidos] forman parte del govern legítimo elegido en las urnas”, agregó Colau.

También el secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante-Fachin, pidió a los partidos catalanes una “respuesta colectiva” a las detenciones.