El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presentó una nueva estrategia para frenar el asesinato de líderes sociales. La iniciativa llega en un momento en que el equipo de Santos enfrenta la presión de organizaciones por este tema y días después de que el fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, afirmó que estos crímenes se dan con “algún grado de sistematicidad”, algo que el gobierno siempre ha negado.

En el centro de la propuesta de Santos está la activación del llamado Plan Orus, que permitirá brindar seguridad en 67 municipios y 595 zonas rurales en donde tenían presencia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El mandatario dijo el martes, en la instalación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que para activar este plan se hizo una “microfocalización”. Es decir, que se partió de una selección de casos cuya atención fue señalada como “prioritaria”. Los comandantes del Ejército colombiano, agregó el presidente, establecerán contactos y generarán la confianza suficiente con las comunidades para “combatir con más efectividad estos asesinatos”.

La iniciativa también contempla el reforzamiento de las alertas tempranas, que, según explicó Santos, son un documento de advertencia emitido por la Defensoría del Pueblo para que el gobierno dé respuesta ante situaciones de riesgo para la población civil.

En lo que va del año, fueron asesinados en Colombia 105 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, denunció ayer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El anuncio de Santos se produjo dos días después de la polémica que generó el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, cuando dijo en una entrevista que los asesinatos de líderes sociales eran motivados “en su inmensa mayoría” por “líos de faldas”.

A causa de la catarata de críticas que recibió, Villegas explicó en las últimas horas que lo que quiso decir fue que “dentro de las razones por las que asesinan a los líderes están los líos de faldas”. En declaraciones al canal Caracol, agregó: “No estoy diciendo que asesinen a líderes sociales sólo por eso, estoy diciendo que hay muchísimas causas, entre ellas esa. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una sistematicidad que hayamos podido documentar”. Esta es la postura que el gobierno defiende a capa y espada. Precisamente porque niega que los asesinatos de líderes sociales sean “sistemáticos”, resulta contradictorio para muchas organizaciones que Santos haya confeccionado un plan de respuesta.

Unas horas antes de que Santos presentara la estrategia, el fiscal general de Colombia se desmarcó de la posición oficial y dijo a periodistas que en los asesinatos de líderes sociales hay “algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”. Según Martínez, si bien “hay un origen multicausal”, se han identificado “fenómenos preocupantes” que tienen como protagonistas a bandas paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una de las tantas que nacieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006. De hecho, muchos colectivos denunciaron estos asesinatos como una continuación de la actividad de las AUC.

El fiscal dijo que es importante “hacerle un llamado a la nación” sobre estos crímenes que “afectan a líderes sociales”, en particular a quienes reclaman la restitución de las tierras, precisó. Allí, agregó, es donde se “empieza a advertir esta clase de fenómenos”.

En octubre, una decena de organizaciones civiles denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la “violencia” contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia es “sistemática y generalizada” porque las agresiones se producen de manera reiterada y metódica contra personas “con características particulares” y “en un mismo período y espacio geográfico”. Los representantes de la sociedad civil detallaron, además, que la mayoría de los homicidios tuvo lugar en zonas rurales altamente militarizadas, lo que, a su entender, pone en evidencia el fracaso de la estrategia del Estado para proteger a esta población.

Por otro lado, aseguraron que la violencia contra los líderes no disminuyó después de los acuerdos de paz con las FARC, como podría pensarse. Esto pasa, en parte, porque todavía persisten en el país “estructuras del paramilitarismo” y “bandas del narcotráfico” que “coparon” los territorios abandonados por la guerrilla, aumentando los índices de violencia.

En ese entonces, las organizaciones consideraron que la falla del gobierno en proteger a los líderes sociales radica en que la Fiscalía presenta constantemente “estrategias”, pero no tiene una “política integral” para encarar el problema. Habrá que ver si el Plan Orus y sus extensiones estarán a la altura de las demandas.