La conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) empezó ayer en Buenos Aires a pesar de los pedidos que hicieron decenas de organizaciones civiles internacionales para suspenderla y trasladarla a otro país.

El reclamo surgió después de que el gobierno de Mauricio Macri rechazara la acreditación de 64 activistas internacionales que querían participar en la cumbre. La OMC dijo que no entendía por qué se les denegaba el acceso a organizaciones que “habitualmente” participaban en el encuentro y cargó con toda la responsabilidad al gobierno argentino. La explicación de la cancillería fue que, según el equipo de seguridad a cargo de la reunión, las organizaciones involucradas estaban asociadas a “propuestas disruptivas” y podían provocar protestas violentas.

Durante el fin de semana, la situación se puso más tensa cuando las autoridades argentinas deportaron a dos activistas extranjeros que querían ingresar al país para participar en la cumbre. Una de las deportadas fue Sally Burch, una periodista británica que quería ingresar a Argentina como activista de una organización. Burch fue retenida durante algunas horas en el aeropuerto de Ezeiza y luego enviada a Ecuador,informó el diario argentino La Nación.

El otro activista deportado fue el noruego Petter Slaatrem Titland, miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (Attac), que se opone a la globalización. Titland estaba en la lista de personas vetadas por el gobierno. El noruego fue deportado en un avión rumbo a Brasil en la madrugada del viernes, aunque ayer de mañana finalmente fue autorizado a volver a Argentina después de que la cancillería “revisara” su caso y el de otros activistas.

Según la cancillería, Attac fue una de las organizaciones que participaron en las protestas violentas de Hamburgo durante la cumbre del G20. Sin embargo, Titland dijo a La Nación que su organización sólo participó en la manifestación pacífica y que él ni siquiera estuvo allí porque se encontraba de vacaciones.

Una vez que regresó a Argentina, el noruego dijo al canal C5N que interpretaba su deportación como una “humillación por parte del gobierno”, que se basó en datos que “son mentira”. Agregó: “Mi estadía era inconveniente para el gobierno argentino desde el punto de vista político”.

Los dos casos desataron reclamos de gobiernos europeos y críticas de funcionarios de la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidieron respetar la pluralidad de voces. La jefa de comercio de la UE, Cecilia Malmström, envió una carta al canciller argentino, Jorge Faurie, para expresar su “preocupación” y asegurar que para el bloque era muy importante que “todas las voces se escucharan” en la cumbre.

En tanto, David Kaye, relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, afirmó en Twitter que la decisión oficial de vetar organizaciones civiles era una “preocupación real” e instó al gobierno “a revocar su decisión”. A la vez, consideró que “cualquier inquietud sobre disrupciones puede abordarse en el contexto de la reunión”.

Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, dijo en la misma red social que se contactó con el gobierno argentino por la deportación de la periodista británica. “Sería grave impedirle cubrir la cumbre de la OMC por su línea editorial o sus opiniones críticas hacia la organización del comercio mundial”, opinó. La cancillería argumentó que Burch no estaba acreditada como periodista, sino por la organización Derechos Digitales, una de las tantas que fueron rechazadas por el gobierno.

Unas horas antes de que empezara la cumbre, la ex canciller Susana Malcorra –designada para presidir el evento– aseguró en una conferencia de prensa que el control de acceso de activistas y organizaciones a Argentina en el marco de la reunión internacional fue “totalmente transparente”.