La Comisión Europea (CE) decidió aprobar la activación de la llamada “opción nuclear” contra Polonia, para castigar al país por las reformas impulsadas por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) en el sistema judicial polaco. Es la primera vez que este mecanismo se activa desde su creación.

El vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, explicó ayer en una conferencia de prensa que la propuesta se elaboró después de presenciar cómo, en los últimos dos años, el gobierno polaco “ha adoptado un número significativo de leyes que ponen en serio riesgo la independencia de la Justicia y la separación de poderes” en el país. En el texto, la CE enumera más de 13 actos legislativos que ha llevado a cabo Varsovia “contra el Estado de derecho” desde diciembre de 2015 e insiste en que se han hecho“numerosos contactos” con las autoridades de ese país para intentar alcanzar una solución.

Timmermans detalló que “el patrón común de estas reformas” es que “los poderes legislativos se establecen de tal manera que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y el funcionamiento” de las autoridades judiciales, “haciendo que la independencia judicial sea inexistente”.

La iniciativa quedó ahora en manos del Consejo Europeo –integrado por los jefes de gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE)–, que en los próximos días deberá votar si constata “la existencia de un riesgo claro de violación grave” del Estado de derecho. Esta votación puede salir adelante con el respaldo de cuatro quintos de los países miembros, sin contar a Polonia, es decir que necesitaría el respaldo de 22 de los 27 socios para prosperar. El castigo máximo que la CE plantea para Polonia es la retirada de su derecho a voto en las decisiones a nivel europeo, una medida que forma parte del “mecanismo sancionador” de la UE y sólo se activaría con el respaldo unánime de los países miembros. Es poco probable que se llegue a ese extremo porque Hungría ya anunció que no votaría en contra de Varsovia.

Junto a la medida inédita, la CE anunció que exigirá al Tribunal de Justicia de la UE que decida sobre la legalidad de la reforma que baja la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios. Según el organismo europeo, la norma establece una discriminación de género al introducir una edad de jubilación diferente entre las mujeres (60 años) y los hombres (65).

Horas después del anuncio de Timmermans, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció que ratificará los dos últimos proyectos aprobados por el Parlamento este mes, que reforman el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura –el organismo que designa a los jueces–. Lo hará porque se lo debe a sus “votantes”, dijo. Antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores polaco había denunciado que el instrumento activado por la CE no es “legal” sino “político”.