La tónica del contrato refleja el excesivo poder que el gobierno uruguayo transfirió a UPM. En primer lugar, el compromiso de llevar adelante las inversiones de infraestructura, independientemente de si UPM hace o no la inversión.

La inversión del gobierno y la rentabilidad de UPM

La inversión en infraestructura, ferrocarril central, caminería en torno a la planta y el dragado del puerto, según las propias cifras que maneja el gobierno, sumaría un total de 1.200 millones de dólares. Según el gobierno, estas inversiones se van a implementar mediante contratos de participación público-privada (PPP). Tomando en cuenta la experiencia de Uruguay en esta materia, el gobierno, como mínimo, ha pagado 20% de la inversión por año durante 20 años.(1) Es decir, el gobierno deberá pagar por esta inversión y su mantenimiento, como mínimo, 240 millones de dólares por año durante 20 años, lo que es lo mismo que un Valor Actual Neto (VAN) de casi 3.200 millones de dólares.(2)

Por su parte, UPM se compromete a pagar un canon, además de invertir en algunos otros ítems, como una partida para contribuir a descontaminar el río Negro, proveer el saneamiento de Paso de los Toros, realizar la conectividad para la transmisión de la energía eléctrica, una partida de formación y otra de innovación. Todos estos aportes de UPM generan un VAN de 146 millones de dólares.

Hasta ahora, Uruguay pone 3.200 millones de dólares y recibe 146 millones. El saldo negativo para Uruguay es de 3.054 millones de dólares.

Uruguay invierte para UPM 3.054 millones de dólares; ¿qué recibe?

UPM invierte 2.200 millones de dólares y, según las cifras oficiales, esto generará una ocupación de 4.000 empleos en la construcción de la planta durante tres años, y también 4.000 empleos directos e indirectos permanentes una vez que la planta esté operativa. Generará unas exportaciones de 1.000 millones de dólares por año, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2%, una recaudación tributaria de 120 millones de dólares por año, y un crecimiento del producto de 10% en los departamentos donde el proyecto impacta de forma directa: Tacuarembó, Durazno, Florida y Cerro Largo.

Estas cifras no miden correctamente el impacto de la planta. Para ello habría que comparar cuál es la actividad con la planta y cuál sin la planta, de forma tal que la diferencia midiera el impacto real. Por ejemplo, la actividad forestal, producto de los establecimientos ya existentes, tendrá actividad con la planta o sin la planta. Según un estudio realizado por CPA Ferrere, la cadena forestal representa 3,6% del PIB.

En este sentido se podría estimar cuál es el valor del PIB de la actividad forestal sin la planta. La capacidad de la planta de UPM será de dos millones de toneladas de pulpa de celulosa, para lo que se requieren 6,7 millones de metros cúbicos de madera por año, es decir, unos 420 millones de dólares por año.(3) Por lo tanto, la actividad de la planta no generará un incremento del producto permanente de 2%, sino de un poco más de 1%. En estas condiciones, el impacto en PIB, empleo y recaudación fiscal será bastante menor que los valores estimados por el gobierno. Lo mismo vale para el desarrollo local pronosticado.

Lo que UPM se llevará

Otro dato que no se ha dado es cuáles serán los beneficios obtenidos por UPM al año. Según los balances de UPM I, que produce un millón de toneladas de pulpa de celulosa al año, los beneficios promedio de 2015 y 2016 fueron de unos 175 millones de dólares por año. La nueva planta, que producirá por lo menos el doble, va a obtener beneficios aproximados por valor de 350 millones de dólares al año. Si los beneficios de UPM serán de 350 millones de dólares al año, del crecimiento de 2% del PIB comunicado por el gobierno, UPM se llevará 0,7% en forma de utilidades remitidas a la matriz. Del impacto de los 2 puntos porcentuales, entre el PIB de la forestación, más las utilidades que se lleva la empresa, el impacto de la planta quedará en torno a 0,5 del PIB.

También Uruguay se comprometió a extender las condiciones del contrato de la planta UPM I a UPM II, lo que significaría una extensión de la exoneración de impuestos durante 16 años más. Unos 52 millones de dólares más por año, equivalente en VAN a 360 millones.

Ahora las cuentas son: Uruguay invierte 3.054 millones de dólares en términos netos (inversión menos aportes recibidos). Mientras que UPM, en términos netos, se lleva 1.360 millones de dólares (VAN de beneficios anuales de UPM II durante 30 años, más VAN de beneficios anuales de UPM I durante 16 años, menos inversión –3.200 dólares + 360 dólares– 2.200 dólares). A su vez, sumando salarios, beneficios de las pymes proveedoras de la planta, e impuestos, quedan para Uruguay menos de 300 dólares por año.

Qué podría hacer Uruguay con 240 millones anuales durante 20 años

La pregunta que debería hacerse el gobierno uruguayo es: ¿qué otro destino podría tener la inversión de 240 millones de dólares por año durante 20 años, o los 3.054 dólares en su forma VAN?

Para hacer una comparación gráfica, con 240 millones de dólares se podría construir cuatro instituciones de salud como el Hospital de Clínicas por año. Alineándonos con los objetivos del gobierno, se podría promover el desarrollo de los cuatro departamentos mencionados, y el resto de Uruguay, con encadenamiento productivo, empleo, exportaciones y recaudación fiscal, formación técnica, polos tecnológicos, innovación tecnológica, etcétera. Lo más importante es que de esta decisión alternativa se disminuiría la dependencia con UPM y el resultado del crecimiento del PIB quedaría para Uruguay.

El contrato con UPM y los compromisos asumidos por Uruguay

Todas las especificaciones técnicas del contrato están hechas especialmente para la planta. Incluso con estas exigencias,la cláusula del Contrato 4.3 del Cronograma establece: “Las Partes reconocen y acuerdan que la Decisión Final de Inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las Condiciones Necesarias hayan sido satisfechas y el Contrato Complementario haya sido suscrito”.

Además, el contrato obliga a UTE a comprar la energía que producirá la planta a un precio elevado que implicaría que UTE le transfiriera por lo menos diez millones de dólares más por sobreprecio por año;(4) monto que, por cierto, supera la suma de todos los conceptos que UPM paga a Uruguay.

El contrato también establece el precio máximo que Uruguay podrá cobrar por tonelada transportada en el ferrocarril. Dicho precio, por dos millones de toneladas, podría alcanzar un valor total de tres millones de dólares por año; poco más de 1% de lo que Uruguay se compromete a pagar por las obligaciones contraídas con las PPP.

Por otra parte, el poder que transfirió el gobierno a UPM se da en dos cláusulas sustantivas. La primera es el Acuerdo de Precios Anticipados (APA), que define el precio que pagará la planta por tonelada de madera que recibe de sus propios establecimientos forestales. En caso de que el precio acordado sea lo suficientemente bajo, se les estará concediendo, por la vía de los hechos, la condición de zona franca también a los establecimientos forestales de UPM. En el contrato queda bien claro en el literal c del capítulo 3.1.2, “Asuntos tributarios”, que “[...] La firma de dicho APA será Condición Necesaria para la Decisión Final de Inversión de UPM”.

En este mismo sentido, en el literal c del punto 3.6.10, “Mecanismos de prevención y solución de conflictos”, el contrato establece que “UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del Proyecto de UPM, podrá constituir una causal para que UPM no tome una Decisión Final de Inversión positiva”.

Es decir, Uruguay debe fijar todas la condiciones que le garanticen el funcionamiento y la máxima ganancia posible a UPM –infraestructura, precio de la energía, precio del transporte–; pero en aquellos asuntos sensibles en los que Uruguay no ha llegado todavía a un acuerdo, UPM intentará pagar el menor monto posible por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas de sus establecimientos forestales, y establecer las restricciones máximas a posibles conflictos laborales. UPM establece expresamente que estas dos cláusulas serán determinantes para la decisión final que adopte. ¿Por qué Uruguay no le exigió a UPM que estos dos puntos tan sensibles quedaran saldados?

Es obvio que con la infraestructura construida, la capacidad de negociación del gobierno será muy baja para imponer condiciones que beneficien a Uruguay, tanto al Estado y su capacidad de recaudación, como a la libertad de acción del movimiento sindical. Esto le proporciona a la empresa un poder desmedido. Por ejemplo, su decisión positiva o negativa previa a las elecciones de 2019 influirá claramente en el resultado electoral. Qué necesidad de perder soberanía al mismo tiempo que vender el patrimonio uruguayo a tan bajo precio.

Gustavo Buquet

(1). Según el promedio de los siete pliegos licitatorios en estudio o ya adjudicados por el gobierno, esta cifra sube a 25% y 22 años. En el caso específico del pliego licitatorio del Ferrocarril Central (6/12/2017), el período es de 18 años; pero el pliego no cuenta con un precio máximo. Esta situación generará un impacto mayor que el previsto en este artículo.

(2). Esto es el valor que obtendría hoy el gobierno si se endeudara por 20 años, a pagar 240 millones de dólares por año a una tasa de interés de 3,52% anual. La tasa se tomó como costo de oportunidad del gobierno, ya que la última emisión de bonos en dólares a 20 y 50 años se fijó a esa tasa. Dicha emisión se hizo el 13 de julio de 2016.

(3). Se considera que un metro cúbico de madera rinde 0,3 de tonelada de pulpa de celulosa seca, y el precio de madera puesto en el puerto de Montevideo es de 63 dólares el metro cúbico.

(4). Actualmente UTE paga en torno a 63 dólares por MWh y se comprometió a pagar 72,5 dólares hasta un Tera. La diferencia de precio por esta cantidad da en torno a diez millones de dólares por año.