Primero lo primero

El contrato de Uruguay con UPM, fruto de cerca de dos años de negociación entre el gobierno y la empresa, es un hito importante. Y lo es porque se pretende que, mucho más que posibilitar la instalación de una nueva planta de celulosa, sea un impulso al Uruguay productivo e innovador. Por eso mismo, el debate en torno a sus beneficios y costos, y de las oportunidades y riesgos que se abren a partir de él, es necesario y enriquecedor. Así, los análisis y las consideraciones que Gustavo Buquet hace en su reciente nota publicada en la diaria pudieron haber sido una oportunidad para el debate fraterno, franco y enriquecedor. Lamentablemente, ya desde el título prefiere posicionarse en una actitud de agravio, endilgando el hecho de “vender el patrimonio de los orientales”. El lector podrá entender que para cualquier frenteamplista eso es un insulto y que no es la manera de generar un debate fraterno entre compañeros. Semejante decisión, además, no surge de la falta de oportunidades de intercambiar opiniones con compañeros referentes en el tema, ya que él participó en la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) en la que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, informó e intercambió opiniones con los integrantes de ese organismo. Seguramente era más tentador apelar al escándalo en una nota de opinión que abrirse al debate franco y cara a cara.

Ferrocarril y viaducto

Dicho lo anterior, vayamos, entonces sí, a los argumentos que maneja en su nota. En primer lugar, se comete un error conceptual al cargar todos los costos de las inversiones en infraestructura a la cuenta de UPM; la más importante, la del ferrocarril. ¡Pero si el FA en sus sucesivos programas de gobierno estableció una y otra vez la necesidad de que el Estado invirtiera en infraestructura ferroviaria para el desarrollo! Por ejemplo, en el último programa estableció: “Se desarrollará fuertemente el transporte ferroviario, con un rol del Estado fundamental y dinamizador del modo ferroviario [...] Para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario incluir en el próximo presupuesto quinquenal los recursos suficientes para la recuperación del sistema ferroviario”. (1) Es decir, el FA ha venido planteando la necesidad de invertir recursos públicos para que el ferrocarril funcionara. Claro que UPM lo requiere para su posible inversión, pero no puede decirse que es una imposición de UPM o una cesión de soberanía; al contrario, se trata de aprovechar una oportunidad para avanzar en un objetivo programático de larga data para el FA. La oportunidad consiste en que UPM va a hacer uso de esa infraestructura para mover millones de toneladas de mercadería y va a pagar por ello, como corresponde, con lo que permitirá financiar parte de los costos. Pero la infraestructura estará disponible para que cualquier otro emprendimiento la utilice, generando las oportunidades productivas que han llevado al FA a plantear la necesidad de hacer esas inversiones. Entonces, en lugar de tratarse de un costo del proyecto de UPM se trata de una oportunidad que dicho proyecto le presenta al país.

Dicho sea de paso, comete varios errores al concluir que el pago de canon que surge del costo acordado sumaría dos millones de dólares anuales, porque confunde toneladas netas con brutas (el canon fijado es sobre peso transportado, incluyendo el peso del tren) y no considera los viajes de retorno (en sentido sur-norte) que también deberá pagar UPM, de forma que el monto final es sustancialmente superior a lo calculado.

Algo similar puede decirse respecto de otras obras ahora asociadas a la inversión de UPM, como el viaducto sobre la rambla portuaria, que ya estaba planificado y fue informado por la prensa antes de que surgiera la propuesta de inversión de UPM (2), y cuya justificación conoce cualquiera que hoy en día deba transitar frecuentemente por esa vía de tránsito.

Por otra parte, no todas las obras se harán por participación público-privada (PPP), como se asume en la nota. De hecho, sólo el ferrocarril está previsto ejecutarse por esa modalidad, mientras que las obras en el puerto de Montevideo se planifica que se ejecutarán por vía de concesión de obra, de forma que no sólo no implican costos para la Administración Nacional de Puertos (más allá de asegurar el dragado de acceso), sino que esta cobrará un canon al concesionario.

Impacto en el PIB y energía

Más adelante, cuestiona el cálculo realizado para estimar los impactos de la posible inversión en el Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación fiscal y el empleo. Y lo hace, dando por sentado que se hizo mal, no considerando cuál sería la actividad en ausencia de la inversión. Le faltó informarse de que, en efecto, los cálculos surgen de realizar un “contrafactual”, es decir, un escenario sin inversión. Ese escenario considera, tal como entienden los especialistas, que dado que las actuales plantas de celulosa ya disponen de los bosques que requieren, la superficie forestada sería menor en ausencia de la inversión que con ella y la tierra se dedicaría a la actividad alternativa disponible, es decir, la ganadería. Es que está bastante claro que la exportación de madera en bruto para producir celulosa en el exterior no es un negocio rentable; justamente por eso se instalan las plantas de celulosa aquí, además de que resulta irónico que se reivindique la exportación de materias primas sin procesar. Por tanto, el cálculo que realiza está equivocado, ya que asume que se produciría la misma cantidad de madera, aunque esta no tenga uso rentable. Por otra parte, no considera los 120 millones de dólares anuales en impuestos que se espera recaudar asociados a este emprendimiento.

En otro apartado se cuestiona el monto acordado, de 72 dólares el Megawatt hora (MWh) para el pago por la energía que la empresa le venda a UTE, cometiendo el mismo error que la oposición al compararlo con el costo actual de energía eólica. Pero la diferencia que no se considera es que en este caso se trata de energía “firme”, que no depende de que haya viento para producirla y que, por ende, tiene otro precio. Es que las energías renovables, como la eólica o la hidráulica, cuya generación presenta gran variabilidad por razones climáticas, necesitan contar con energía de respaldo que sea “firme”, es decir, que se tenga la certeza de que se cuenta con ella en cualquier momento. No sería aceptable que ante la falta de viento o de lluvia, UTE debiera cortar el suministro de energía, como supimos vivir en el pasado. De esta forma, el precio acordado es sustancialmente menor que lo que se les paga a otros productores de energía firme, como UPM Fray Bentos y Montes del Plata (90 dólares por MWh) y otros generadores a partir de biomasa en el país (a partir de cáscara de arroz o de desechos forestales), cuyos valores oscilan entre 80 y 90 dólares por MWh. Además, como informó recientemente El Observador, (3) es inferior a lo que se está licitando en países vecinos por generación a partir de biomasa (Argentina acaba de cerrar contratos por valor de 110 dólares el MWh). Por otra parte, permitirá anular, o al menos postergar, inversiones en generación térmica (gas o derivados del petróleo) que UTE estaba previendo como respaldo necesario a las energías renovables.

Redondeando

Al finalizar la nota, se señala todo lo que se podría hacer con el monto (mal calculado, por todo lo ya expuesto) de 240 millones de dólares anuales que implicaría el compromiso para Uruguay. Habla de promover el desarrollo en los departamentos afectados y el resto del Uruguay con encadenamientos productivos, empleo, exportaciones, polos tecnológicos, innovación, etcétera. ¿Y los emprendimientos y negocios que justifiquen todo esto en Cerro Largo o Tacuarembó cuáles serían? ¿Encadenamientos entre quiénes? ¿Qué producirán y a quiénes venderán las supuestas empresas que se encadenarían? Es que, como bien se sabe, generar empleos genuinos, bien pagos y, sobre todo, sustentables en el tiempo requiere producir bienes o servicios de calidad y precio que los hagan competitivos, y además tener acceso a mercados que puedan y quieran pagar por ellos. Los uruguayos ya deberíamos haber aprendido que no basta con poner plata para que los proyectos productivos sean sustentables.

En definitiva, se trata de un proyecto de inversión que, de concretarse, generará varios miles de empleos y efectos dinamizadores en toda la economía. Consolida una actividad productiva, la forestación, que es mucho más intensiva en mano de obra y valor agregado que la alternativa en esas tierras, que es la ganadería extensiva, permitiendo diversificar la actividad primaria y agregando un eslabón industrial que, además de generar riqueza, permite aprendizajes tecnológicos muy importantes a trabajadores y proveedores uruguayos. Además, brinda la oportunidad de realizar grandes saltos en infraestructura logística que podrá ser usada por otros emprendimientos y permitirá mejorar la competitividad global de la economía. Se logró multiplicar por diez el canon que paga UPM Fray Bentos y se logró disminuir en 20% el monto a pagar por la energía generada por la planta, en comparación con lo pagado a UPM Fray Bentos y Montes del Plata. Se lograron aportes millonarios para actividades de investigación, lo que permitirá avanzar en el desarrollo de conocimiento nacional. Además, los efectos positivos se van a concentrar en una zona del país, el centro-norte, que muestra importantes rezagos económicos y sociales, con lo que ayudará a combatir las inequidades territoriales.

Como en toda negociación, no se trata de un acuerdo “ideal”. Por supuesto que existen aspectos discutibles, y es sano el intercambio de ideas al respecto. Pero estas discusiones deberían darse en el terreno del respeto y los argumentos fundados. En el camino al desarrollo, los orientales deberíamos ser tan ilustrados como valientes.

(1). Bases programáticas para el tercer gobierno nacional del Frente Amplio 2015- 2020, pág. 49.

(2). Ver, por ejemplo, la siguiente nota de abril de 2016: http://www.elpais.com.uy/informacion/mtop-pretende-construirviaducto-rambla-portuaria-ano.html

(3). https://www.elobservador.com.uy/utepagara-energia-upm-valores-mas-bajosque-la-region-n1143359.