El gobierno uruguayo reaccionó con firme disconformidad a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de trasladar a Jerusalén la sede de la embajada de Estados Unidos en Israel. En términos generales, la reacción uruguaya coincide con la discrepancia expresada por el resto de la comunidad internacional en relación con la medida estadounidense. Cabe destacar así la posición consecuente con la política que los últimos gobiernos han tenido en relación con el conflicto palestino-israelí.

Sin embargo, al analizar dicha política en sus diversas expresiones, aparenta haber cierta diferencia en los tonos y énfasis adoptados por el gobierno, según el ámbito del que se trate. A nivel de la cancillería, la postura uruguaya fue de firmeza, actitud que incluso persiste y se redobla frente a las presiones de la embajadora de Israel en Uruguay. Sin embargo, a nivel multilateral, la postura del país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) no resultó tan vehemente: se evitó hacer referencia a la situación de colonización, así como apuntar directamente a Estados Unidos como responsable de la situación.

La reacción desde la cancillería

Por un lado, el mismo 7 de diciembre, día en que se conoció la decisión de Trump, la cancillería uruguaya emitió un comunicado (N° 99/17) en el que se explicita la “preocupación y discrepancia” con la decisión del gobierno estadounidense, que “no contribuye al imprescindible clima de paz”. El comunicado reafirma la posición uruguaya de mantenerse fiel a la solución de dos estados propuesta a nivel de Naciones Unidas (ONU), en la que Jerusalén no puede ser capital de ninguno. En este sentido, el comunicado alude a sendas resoluciones adoptadas multilateralmente por la Asamblea General de la ONU (resolución 181 de 1947) y por el Consejo de Seguridad (resolución 478 de 1980). De esta forma, desde el gobierno se hace explícita la forma en que la política exterior del gobierno de Trump está socavando las bases del sistema multilateral.

La defensa uruguaya de la solución de dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina se remonta al primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se establecieron relaciones con la Administración Nacional Palestina. Posteriormente, durante el gobierno de José Mujica, se establecieron relaciones diplomáticas formales y se instaló una embajada uruguaya en Ramallah y una embajada palestina en Uruguay.

Luego de divulgado el comunicado de la cancillería, la embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben-Ami, publicó un mensaje en Twitter en el que dijo estar “sorprendida y decepcionada” por la posición de la cancillería de considerar Tel Aviv la capital israelí, e ironizó con que sería como si la embajada de Israel en Uruguay estuviese ubicada en Salto. Ante esta injerencia de la embajadora en asuntos internos del Estado uruguayo, incompatibles con su situación de diplomática acreditada ante el país, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, convocó a la embajadora a la cancillería para que diera explicaciones de sus dichos. Paralelamente, el mismo 8 de diciembre se emitió un nuevo comunicado (N° 101/17), en el que se informa que, en el marco de la convocatoria, se instó a la embajadora “a mantener los intercambios gubernamentales por los canales oficiales correspondientes”.

En 2014, la recién asumida embajadora Ben-Ami ya había protagonizado un incidente similar cuando dijo sentirse molesta, decepcionada y perturbada por los dichos del presidente Mujica en referencia a la escalada bélica israelí denominada “operación Margen Protector” (durante la cual murieron 2.000 palestinos, 66 soldados israelíes y seis civiles israelíes). En la ocasión también llamó al gobierno uruguayo a ser “cuidadoso y responsable” en sus declaraciones “para no hacer de esto algo más peligroso y violento”.

El reciente episodio de la embajadora israelí se asemeja al acontecido en abril de este año, cuando la embajadora estadounidense en Uruguay, Kelly Keiderling, escribió un editorial en el diario El País, titulado “Ya no es tiempo de palabras”. En medio de la tensión nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, y en vísperas de que Uruguay asumiera su segunda presidencia del Consejo de Seguridad, el editorial reclamaba posturas y medidas de Uruguay frente a Corea del Norte, tanto en el ámbito bilateral como en el seno del Consejo de Seguridad. En la ocasión, también hubo una firme e inmediata reacción de la cancillería uruguaya.

La defensa del multilateralismo y el compromiso contra la colonización

Por otro lado, la situación también involucra a la política exterior uruguaya en el marco de la participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad. Al día siguiente de conocerse la decisión de Trump, el 8 de diciembre, fue convocada de urgencia una reunión del Consejo de Seguridad (S/PV.8128) en régimen de debate. Uruguay fue uno de los ocho países miembros del consejo que solicitaron la reunión (el CSNU es integrado por 15 miembros), lo que fue explícitamente agradecido por el observador palestino que participó en la sesión. Como es habitual, la reunión comenzó con una exposición del representante de las Naciones Unidas asignado al conflicto y continuó con intervenciones de los representantes de los países miembros, quienes coincidieron en su discrepancia con la decisión, excepto Estados Unidos, por supuesto.

En su brevísima intervención, el representante uruguayo, Elbio Rosselli, se enfocó en la lectura textual del comunicado de la cancillería (N° 99/17), agregó algunas palabras más sobre las anteriores resoluciones de la ONU y finalizó con un llamado a la paz, acompañado de una pintoresca referencia a John Lennon (de cuyo asesinato se cumplía aniversario). De esta forma, la intervención se centró en el respeto al multilateralismo, sin hacer referencia a la decisión de Estados Unidos (más allá de su mención en la lectura del comunicado de la cancillería).

El tema fue nuevamente abordado por el CSNU el 18 de diciembre (S/PV.8138), ocasión en la que se votó una resolución propuesta por Egipto que exhortaba a todos los países a abstenerse de establecer misiones diplomáticas en Jerusalén y les exigía que no adoptaran decisiones que contravinieran las resoluciones del consejo. Como era de esperar, la resolución fue vetada por Estados Unidos, pero contó con el apoyo de todos los países del consejo, incluido Uruguay. De esta forma, en esta segunda ocasión, Uruguay nuevamente se sumó a la mayor parte de la comunidad internacional y dejó aislado a Estados Unidos en su posición contraria a los acuerdos alcanzados en los ámbitos multilaterales de Naciones Unidas. Asimismo, si bien nuevamente Rosselli evita mencionar directamente la decisión de Estados Unidos, en esta ocasión al menos sí hace referencia a que las decisiones de terceros estados sobre Jerusalén afectan el proceso de paz.

En este marco, al comparar las intervenciones de Uruguay en estas dos sesiones con las de países como Bolivia, Egipto y Francia, se echa en falta alguna referencia más explícita al detalle de que el país que viola el multilateralismo en esta ocasión es Estados Unidos, uno de los miembros permanentes del consejo, que, como tal, debería estar comprometido con el respeto al multilateralismo. Esto contrasta con la posición asumida por Uruguay en el CSNU en relación con otros episodios en los que el multilateralismo es atropellado. Así sucedió, por ejemplo, hace algunas semanas, al lamentar el veto ruso a una resolución sobre la investigación del uso de armas químicas en Siria; o el año pasado, cuando se discutió la situación en la República Saharaui, ocasión en la que Uruguay no dudó en emitir una condena altisonante al atropello marroquí de las decisiones multilaterales (posición de la que corresponde enorgullecerse).

Extendiendo un poco más el paralelismo con la situación saharaui, también puede lamentarse que la intervención uruguaya tampoco hiciera referencia a la situación de colonialismo involucrada en la decisión de Estados Unidos, como sí lo hicieron las intervenciones en el CSNU de los representantes de Bolivia, Egipto y del observador palestino. Esto contrasta con el énfasis puesto por el gobierno uruguayo en otras situaciones de colonialismo, como en el mencionado caso saharaui o en el de las islas Malvinas. Eventualmente, puede concederse que la omisión del punto en este episodio puede responder al énfasis juridicista de la política exterior uruguaya, en la medida en que la situación palestina no es incluida en la de los territorios coloniales considerados por el Comité Especial de Descolonización de la ONU. De todos modos, podría haberse esperado un poco menos de referencias idealistas a John Lennon y un poco más de análisis realistas sobre los actores concretos que están detrás de las decisiones que fuerzan un recrudecimiento del conflicto.

Diego Hernández