La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con la ayuda de la Policía Federal y Gendarmería, respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones lanza-agua a la manifestación contra la reforma previsional que, al cierre de esta edición, todavía se debatía en el Congreso.

Después de la fallida sesión del jueves, que tuvo que ser suspendida por las protestas y la represión policial en los alrededores del Congreso, la Cámara de Diputados de Argentina reanudó ayer el debate sobre la reforma previsional que, entre otras cosas, contempla una reducción de 100.000 millones de pesos argentinos, unos 5.600 millones de dólares anuales, en el sistema jubilatorio.

Todo indicaba que la situación de tensión se iba a repetir ayer, ya que varias organizaciones sociales y sindicatos habían anunciado que volverían a las calles para intentar impedir el avance del proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Senado.

Cuando ya empezaban a registrarse hechos violentos en las afueras del Congreso, puertas adentro, el oficialismo consiguió el cuórum para tratar la iniciativa. La oposición reclamó la suspensión de la sesión por la represión contra los manifestantes. “No podemos seguir sesionando mientras reprimen al pueblo que se opone a esta reforma nefasta”, criticó el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Pero su moción fue rechazada por la bancada de la alianza oficialista Cambiemos, con el apoyo del Bloque Justicialista. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, argumentó que las autoridades le informaron que se controlaría la situación y que la “mayoría de los agredidos” eran “miembros de las fuerzas de seguridad”, por lo que no tenía sentido suspenderla.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que el proyecto tenía que votarse porque, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución argentina, “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. En referencia a los incidentes en las afueras del Congreso, opinó: “Eso se llama golpe de Estado”.

La tensión en la calle creció a partir de que el oficialismo consiguió el cuórum. Ya habían pasado dos horas desde el inicio del debate cuando comenzó una lluvia de piedras contra las fuerzas de seguridad. En respuesta, la Policía empezó a disparar gases con armas que lanzan el cartucho hasta 60 metros de distancia. En las redes, comenzaron a circular imágenes de personas con heridas en la cabeza por esos impactos.

En determinado momento, según reportaron medios argentinos como Página 12 y La Nación, un grupo de manifestantes se desprendió de la columna principal de la marcha y derribó uno de los vallados puestos por las fuerzas de seguridad. La Guardia de Infantería repelió el avance con balas de goma, gases lacrimógenos y un camión lanza-agua. En la mitad de la tarde se sumaron al operativo de seguridad 150 efectivos de la Policía Federal y 500 gendarmes.

En Twitter, periodistas y activistas hicieron circular videos de situaciones particulares. En uno, se veía cómo un camión de la Policía atropelló a manifestantes que caminaban. En otro, cuatro funcionarios policiales le lanzaron gas pimienta a un hombre mayor que sólo los observaba pasar. Varias imágenes mostraron el lanzamiento de gases contra personas que se manifestaban de manera pacífica. Los gases llegaron incluso a una estación de subte, donde los pasajeros se vieron obligados a correr por las vías del tren para escapar de la asfixia.

Al igual que el jueves, también sufrieron la violencia periodistas que informaban sobre lo que ocurría allí. Un cronista del canal argentino C5N fue herido en la cabeza y un integrante de la radio La Patriada denunció que cinco integrantes de ese medio habían sido detenidos, al igual que un fotógrafo de Diario Popular. Otro trabajador de C5N también denunció haber presenciado hasta diez detenciones arbitrarias.

La Policía de la Ciudad informó que, hasta las 18.00, hubo 25 detenciones y 81 heridos, entre los cuales hay 48 policías. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Ciudad aseguró que durante la jornada se atendió a 60 pacientes “mayores de edad” afectados por las medidas represivas.