Las comunidades del municipio de Mercaderes, en el departamento colombiano de Cauca, están movilizadas desde el año pasado. Primero, en protestas contra la minería ilegal, y en los últimos meses, también en rechazo a la política de erradicación forzosa de los cultivos de hojas de coca, asunto que motivó una marcha de protesta el martes 7. En respuesta, el gobierno local y el nacional instalaron mesas de diálogo con los pobladores. A uno de esos encuentros asistió el dirigente Faiver Cerón Gómez el sábado, el día en que fue asesinado.

Cuando volvía a su casa en moto, tres hombres armados lo interceptaron y lo atacaron “sin mediar palabra”, según los testimonios recogidos por la Policía, informó el diario El Tiempo. Si bien Cerón no había denunciado amenazas, los dirigentes sociales de la zona parecen correr un riesgo alto. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, un organismo estatal dedicado a las víctimas del conflicto armado, en los últimos dos meses fueron asesinados en Colombia 17 de esos activistas.

Las comunidades de la zona reclamaron que el asesinato de Cerón se investigue y que no quede impune. También el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quiso dejar en claro que esa es su voluntad y dijo en su cuenta de Twitter que solicitó a la Policía y a la Fiscalía que esclarezcan “de inmediato el asesinato” del presidente de la Junta de Acción Comunal del pueblo de Esmeraldas, en Mercaderes. Antes del ataque a Cerón, Santos había anunciado que visitaría el Cauca para promover allí una política pública contra las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos y otros líderes sociales.

Uno de ellos, Deiby Hurtado, coordinador de la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano, dijo a la emisora RCN Radio que Cerón “venía desarrollando actividades en contra de la minería y organizando a la comunidad de cocaleros para que se acogieran a la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca”. Hurtado agregó: “Hacemos un llamado a que la institucionalidad tome cartas en el asunto, porque, lastimosamente, no es la primera vez que el gobierno nacional señala que va a tomar medidas para frenar estos hechos y parece que las afirmaciones no cumplen con su objetivo, porque nos siguen asesinando a los líderes comunitarios”. Además, el dirigente dijo que en los últimos meses, grupos paramilitares amenazaron a voceros de los movimientos sociales de la zona.

También la agencia de noticias Anncol, vinculada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), relacionó estos hechos con la acción de paramilitares y reclamó que investiguen y desmantelen las organizaciones armadas herederas del paramilitarismo.

Riesgo en el ambiente

Las consecuencias de la minería ilegal, sobre todo la extracción de oro, afectan a esta zona de Colombia. El año pasado, 14 personas fueron detenidas por practicarla y por los daños que causaron al río Sambingo. Se consideró que las enormes zanjas cavadas con retroexcavadoras por los grupos mineros contribuyeron en buena medida a secar las aguas del río a comienzos del año pasado, en época de sequía. Un informe de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, citado por El Tiempo, concluye que otros ocho ríos de ese departamento enfrentan efectos similares.

Además, el agua del Sambingo fue contaminada por residuos de mercurio y cianuro provenientes de la minería. Para frenar este fenómeno, las autoridades suspendieron las licencias de explotación minera que no cumplieran todos los requisitos, además de perseguir la minería ilegal.

En cuanto al otro reclamo de las comunidades de la zona, contra la erradicación forzosa del cultivo de coca, la emisora La FM informó que los campesinos reclaman una sustitución de cultivos consensuada, que les garantice la subsistencia. Además, los campesinos sostienen que la erradicación de cultivos se debe hacer de modo manual, y no con aspersiones aéreas con herbicidas, que afectan a otras plantaciones y, una vez más, a los ríos de la zona.