El acuerdo refiere a una deuda contraída por el Grupo Macri con el Estado en la época en que la empresa administraba el Correo Argentino. La concesión fue entregada a la firma Sideco Argentina, que pertenece al Grupo Macri, por el gobierno de Carlos Menem, en 1997. En 2001, Correos Argentinos se declaró en quiebra e hizo una convocatoria de acreedores por una deuda de 900 millones de pesos-dólares; 32,65% de esa deuda había sido contraída con el Estado y equivalía, en ese entonces, a 296 millones de pesos-dólares (como regía la convertibilidad, un peso argentino equivalía a un dólar). En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la concesión y la empresa volvió a ser pública.

El acuerdo consiste en que la deuda se pague en pesos argentinos en 15 cuotas entre 2018 y 2033 con un interés de 7%. Por una parte, la fiscal señala que considerar la cifra en pesos implica que el Grupo Macri pague cuotas congeladas, que no estarán sujetas a la inflación y, por lo tanto, el valor del dinero será menor en las cuotas sucesivas. Esto se agrava por el calendario del pago de cuotas: las primeras cuatro equivalen a 1% del capital, las siguientes cinco a 2%, y después continúa con dos de 3%, dos de 15%, una de 20% a pagar en 2032, y la última de 30%, en 2033. Por otra parte, la fiscal presenta el cálculo de la deuda realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones. Según ese cálculo, si se actualiza la deuda original en dólares desde 2001 hasta la actualidad, el acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado implica una condonación de la deuda de 4.278 millones de pesos argentinos, 98,8%, y de más de 70.000 millones para 2033, cuando se terminaría de pagar.

Además, Boquín consideró que quien dirigió las negociaciones hacia el acuerdo, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, no tenía competencia para hacerlo y no informó “de quién recibió instrucciones”. Esta situación se agrava porque Mocoroa “encuentra enmarcada su actuación en una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública”, o sea, el presidente Macri, por lo que debió haber una consulta con la Oficina Anticorrupción o la Comisión de Ética Pública, consideró la fiscal. Según su opinión, el acuerdo es abusivo, “implica perjuicio fiscal” y “perjudica gravemente el patrimonio del Estado”.

Después de que se conoció el acuerdo y el recurso presentado por el fiscal, que salió en la portada del diario Página 12 en la edición de ayer, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación y diputados de la oposición y abogados presentaron denuncias penales contra Mocoroa, Macri, su padre y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Mocoroa fue uno de los primeros en reaccionar. En declaraciones a la radio Nacional aseguró que “a Franco Macri no se le perdonó ni un mango, ni siquiera los intereses”.

“Está en el ADN de la familia Macri servirse del Estado”, aseguró Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo de Cristina Fernández. “Mauricio Macri vino a transferir recursos a los sectores más favorecidos de la sociedad. Lo del Correo es lo mismo, pero a un nivel grotesco”, agregó.

Por su parte, la diputada Graciela Camaño, que pertenece al Frente Renovador, partido que en algunas ocasiones se ha aliado al gobierno, opinó que parece que los Macri “llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri”. Felipe Solá, también del Frente Renovador, aseguró que “el Estado le está regalando a la empresa de Macri”.