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Internacional | Miércoles 15 • Febrero • 2017

Macri pretende flexibilizar la Ley de Glaciares para favorecer el desarrollo de la minería

El gobierno de Mauricio Macri busca reimpulsar la actividad minera en todo el país con una iniciativa promovida por el propio presidente y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En la minería Macri encontró una actividad que puede extenderse ampliamente en territorio argentino y brindar mejoras en la economía a corto plazo. De hecho, según datos oficiales hay filas de inversores privados que quieren explotar recursos naturales argentinos. Los inconvenientes para este plan son varios, pero pueden reducirse a dos: las áreas protegidas, especialmente los glaciares, y las prohibiciones provinciales y municipales para el desarrollo de la minería.

Organizaciones ambientalistas denunciaron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto para modificar la aplicación de la Ley de Glaciares, que considera a estas estructuras de hielo reservorios estratégicos de agua y, por lo tanto, áreas protegidas en las que no se permiten actividades extractivas. Por su parte, varios medios argentinos informaron que el gobierno pretende aprobar este año un Nuevo Acuerdo Federal Minero con el que modificará las áreas que están clasificadas como protegidas, incluso aquellas establecidas en la Ley de Glaciares.

El objetivo del gobierno es comenzar a trabajar rápidamente con este proyecto, que sería presentado ante el Congreso el 1º de marzo, día en el que se retoman las sesiones después del receso de verano. “Necesitamos que salga rápido para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad”, dijo a La Nación el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres, de Propuesta Republicana, el partido de Macri. Después de ser votado en el Congreso, el proyecto debería ser ratificado por las asambleas legislativas de todas las provincias argentinas. Según las normas de ese país, los recursos naturales son gestionados por los gobiernos provinciales.

Entre otras cosas, el proyecto incluye la unificación de la normativa impositiva del Estado y las provincias, para brindar mayor estabilidad a los inversores, y que las provincias tengan un porcentaje mayor de las ganancias que se generen. Además, estos proyectos deben cumplir con “altos estándares de gestión y control ambiental”.

También se establece que los proyectos mineros deberían incluir “mayores beneficios para las comunidades” en las que se insertan así como promover el “empleo local”. Se incluyen algunas medidas en este sentido, como la creación de programas dirigidos a capacitar a los trabajadores locales en la actividad minera y de normas que den preferencia a los proveedores locales frente a los de otras zonas, siempre y cuando sea “a igualdad de condiciones, en precios y plazos”.

El secretario de Minería, Daniel Meilán, defendió la iniciativa asegurando que se tendrá en cuenta el cuidado del medioambiente y que las modificaciones implicarán un importante beneficio económico para el país por un boom en las inversiones en minería. De acuerdo con las previsiones del gobierno, con la modificación habrá inversiones privadas equivalentes a 25.000 millones de dólares en minería en los próximos ocho años, una cifra muy superior a los 10.000 millones de dólares que se invirtieron en Argentina entre 2007 y 2015. La Cámara Argentina de Empresas Mineras, que también defiende la modificación, aseguró que esta puede implicar un aumento de los puestos de trabajo en el área de 80.000 a 130.000 en 2021.

Las críticas no son exclusivamente de militantes ambientalistas, sino también de políticos. “El acuerdo perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas”, dijo el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo. Por su parte, el gobernador de Chubut, Mario das Neves, dijo que se opondría a la megaminería a cielo abierto, ya que esta actividad está prohibida en la provincia desde 2003, algo que sólo se podría revertir mediante un plebiscito, según su opinión. Hay otros casos de prohibición. En Mendoza, por ejemplo, la Ley 7.722 prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, lo cual en los hechos se traduce en una prohibición de la minería que rige desde 2007, aunque cada tanto el debate se retoma y se evalúa la posibilidad de habilitar ciertos tipos de actividad extractiva.

En otros casos la situación es más compleja, como en Córdoba, donde está prohibida la minería a cielo abierto; incluso en algunos casos la actividad extractiva está prohibida por las autoridades municipales, pero no por las provinciales, como en Bariloche, Río Negro. En total son siete de las 23 provincias argentinas que tienen algún tipo de limitación sobre la minería.

Además hay otros procesos en curso. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por la Vida del municipio de Chilecito, en La Rioja, recurrió a la Justicia para pedir que se declare a esa zona área protegida, ya que, según estudios geológicos, hay 46 glaciares en la región. El municipio de Chilecito es uno de los que vieron impulsada su iniciativa por un fallo judicial del 30 de enero en el que la Justicia condenó a la minera Alumbrera por causar daños ambientales y verter agentes contaminantes del suelo y el aire.

Pese a la ley

Las distintas regulaciones sobre la minería han sido impulsadas por grupos de activistas que actúan en el plano local y el provincial, y que suelen ser los mismos que denuncian de forma sistemática la violación de las leyes ambientales, entre ellas, la Ley de Glaciares. Greenpeace Argentina ha denunciado en reiteradas oportunidades que la norma se viola con la instalación de minas en zonas de glaciares o periglaciares. A fines de 2016, cuando ya se hablaba de una modificación de la legislación para reducir el número de áreas protegidas y las restricciones que rigen en ellas, Greenpeace emitió un comunicado en el que manifestaba su desconfianza respecto del compromiso medioambiental del gobierno de Macri, basándose en que este no ha sancionado a las mineras que contaminan, según se ha demostrado ante la Justicia, ni ha restringido la actividad en las zonas en las que esta no debería desarrollarse.

Un informe técnico que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable tuvo que presentar ante la Justicia en noviembre, citado por el diario Tiempo Argentino y el medio digital La Tinta, indica que al menos 44 proyectos mineros están operando en zonas glaciares y periglaciares de Argentina, la mayoría de ellas en la provincia de San Juan. En el texto se detalla que hay 322 proyectos mineros en Argentina, de los cuales 77 fueron revisados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que es el que establece si están o no en zonas de glaciares. De esos 77, 44 están en zona de glaciares o periglaciares.

“Seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un solo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares”, dijo en ese entonces Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace. Sin embargo, según datos recabados por el diario La Nación, dos tercios de los proyectos de inversión en minería que ha recibido el gobierno de Macri desde que se instaló abarcan territorios que están contenidos en áreas protegidas.

“Resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares”, manifestó Enrique Viale, abogado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una de las organizaciones que presentaron denuncias por violación de la Ley de Glaciares, generando el juicio en el que se presentaron los datos del Ministerio de Ambiente.

Sin embargo, en lugar de exigir el cumplimiento de la ley, el gobierno de Macri quiere readaptarla para alcanzar una mayor inversión privada en minería, incluso en los glaciares.

El medio digital Infobae publicó el borrador de la nueva reglamentación de la Ley de Glaciares que Macri pretende aprobar por decreto. Allí se establece que los glaciares de escombro ya no serán considerados ambiente periglaciar “para exceptuarlos del área a proteger”, y que tampoco quedarán bajo resguardo los glaciares que ocupen menos de una hectárea. Además, se exigirá que las áreas que se pretende que sean protegidas presenten un estudio de significación hídrica, que deberían realizar organismos dependientes del gobierno y que determinen si cada estructura tiene un potencial hídrico “estadísticamente significativo”. El borrador del decreto, además, establece modificaciones a la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana, tres instancias a las que convoca el Ministerio de Ambiente antes de aprobar un proyecto minero. En el texto se reducen las exigencias de cada una de esas instancias.

En todo el texto del documento parece haber un intento de exigir que se demuestre que cada área protegida tiene un potencial posterior que no debería ser alterado por actividades extractivas. En particular en el caso de los glaciares, esto implica que se demuestre su potencial hídrico para que se determine -todavía se desconoce con qué criterio- si es, o no, estratégico.

Organizaciones ambientales ya han advertido que la reglamentación de la Ley de Glaciares no puede ir en contra de los objetivos de la propia norma, que protege a todas estas estructuras de hielo, no sólo a aquellas que tienen un potencial hídrico como reservorio de agua dulce. Si el gobierno avanza con su idea de modificar la reglamentación por decreto, estas organizaciones ya se comprometieron a recurrir su constitucionalidad. Sin embargo, al igual que Greenpeace, dudan de que el respaldo judicial tenga consecuencias en la práctica. De hecho, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se ha cansado de denunciar los casos en los que las empresas desarrollan actividades mineras en zonas de glaciares, que están protegidas por la ley, y que, una vez sancionadas, se limitan a pagar las multas hasta que finalmente, años después de comenzado el proceso, la Justicia les prohíbe seguir funcionando.

Eso sucedió, por ejemplo, con la mina Veladero, explotada por la firma canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan, que está en una zona periglacial y ha contaminado cinco ríos de la zona con derrames de cianuro y otras sustancias tóxicas. Pese a las denuncias judiciales y al avance de procesos legales en su contra, la empresa sigue operando.


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