La Policía Militar del estado brasileño de Espírito Santo se declaró en huelga el sábado y, desde ese entonces, la localidad vive en un caos generalizado por la paralización del transporte público y el cierre de escuelas, universidades, hospitales y comercios. Hasta ayer, el gobierno del estado registró un total de 105 asesinatos e innumerables saqueos. La asociación de comerciantes del estado afirmó que los negocios -en su mayoría supermercados- perdieron más de 28 millones de dólares en los últimos cinco días. Sólo en Vitória, la capital de Espírito Santo y epicentro de los episodios de violencia, se robaron 200 autos, según informó el canal Globo.

El gobierno provincial pide refuerzos desde el sábado. El lunes, el gobierno del presidente Michel Temer envió a 1.000 soldados del Ejército, y el martes sumó más integrantes de la Fuerza Nacional de Seguridad. Sin embargo, no lograron contener la violencia, por lo que el miércoles el gobernador de Espírito Santo, Paulo Hartung, pidió más tropas federales. Ese mismo día declaró formalmente que entregaba a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública en su estado. Pero la Constitución brasileña establece que las Fuerzas Armadas no pueden ejercer funciones de seguridad pública en “tiempos de paz”.

Los funcionarios policiales protestan por mejoras salariales -perciben un sueldo básico de 850 dólares que no fue reajustado en cuatro años- y de las condiciones de trabajo. Ellos no pueden manifestarse porque están bajo el reglamento del Ejército, entonces optaron por poner a sus familiares en las puertas de los cuarteles para bloquear la salida de los patrulleros.

Ante la situación, y ante rumores de que la huelga podría extenderse a Río de Janeiro, el gobernador de este estado, Luiz Fernando Pezão anunció ayer que el martes pagará a los policías y a los bomberos todo lo que se les debe, además de aumentar sus salarios. No explicó de dónde sacará los recursos para hacerlo.