El ex presidente catalán Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau se convirtieron ayer en los primeros jerarcas condenados por la Justicia española por desobedecer un fallo del Tribunal Constitucional. En 2014 este órgano aceptó un recurso presentado por el gobierno español contra la consulta independentista que se había convocado para noviembre de ese año, lo que automáticamente debía suspender el proceso.
Según la investigación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los tres ex jerarcas que fueron condenados no obedecieron ese dictamen y continuaron vinculados con la organización de la votación, que recayó en manos de movimientos independentistas que sí concretaron la consulta -en la que 81% de los votantes respaldaron la independencia-. Durante el proceso judicial, Mas, Ortega y Rigau aseguraron que se desentendieron de la organización del evento y que, de esa forma, no desobedecieron el dictamen del Tribunal Constitucional.
Según la sentencia, Mas fue el “autor material del delito de desobediencia” porque como presidente era “el destinatario directo” de la resolución del Constitucional que suspendía la convocatoria. Sin embargo, “omitió toda decisión o actividad encaminada a suspender o paralizar las actuaciones que conocía ya emprendidas” para la realización de la consulta. De esta forma, no solo desobedeció el dictamen, sino que también “dispuso lo necesario” para que la consulta se realizara, y colaboró con el “aprovisionamiento de los materiales y equipamientos necesarios” para la votación. Mas quebró “una regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”, agrega la sentencia.
Los tres fueron condenados con la inhabilitación para presentarse a elecciones: dos años para Mas, un año y nueve meses para Ortega y un año y medio en el caso de Rigau. Además, la Justicia determinó que deben pagar multas que van de los 24.000 a los 36.500 euros. La Fiscalía había pedido penas más altas para los tres -por ejemplo, diez años de inhabilitación para Mas-, pero el tribunal les impuso una pena menor porque los absolvió del delito de prevaricación.
Las penas no comenzarán a aplicarse de inmediato porque el fallo es apelable. Las defensas de los tres condenados ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Supremo, que en los próximos días emitirá un fallo por los mismos hechos pero acerca de la actuación del ex consejero catalán y actual diputado Francesc Homs. Además, los abogados defensores anunciaron que si agotan los recursos en España recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En una comparecencia pública brindada por los tres ex jerarcas tras conocerse la sentencia, Mas expresó que no tiene esperanzas de que los recursos en España prosperen porque “en el Estado español, la ley no es igual para todos” y “se persigue a la gente por sus ideas políticas”.
Esta sentencia se conoce mientras las autoridades catalanas -las anteriores y las actuales- acusan a la Justicia de ser un brazo ejecutor de las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de consulta popular o iniciativa vinculada con la independencia catalana. Tanto Mas como el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, acusan a Rajoy de no abrir ninguna posibilidad de diálogo.
El proceso desatado por la consulta popular de noviembre de 2014 derivó en las elecciones en las que la mayoría de los votos fue para una coalición de partidos y movimientos civiles independentistas que presentó como única promesa la realización de un referéndum y la posterior independencia catalana. Con ese objetivo, el Parlamento -dominado por estas fuerzas- ha aprobado una serie de leyes dirigidas a convocar ese referéndum, cuyo resultado sería vinculante. Mientras tanto, está cada vez más presente la posibilidad de que la Justicia inhabilite el proceso, total o parcialmente, por los recursos presentados por el gobierno de Rajoy.
Puigdemont reiteró ayer que Cataluña seguirá ese camino sin importar las acciones de Madrid o de la Justicia, y aseguró que las condenas de inhabilitación emitidas ayer “las indultará el pueblo de Cataluña en referéndum”, que según el gobierno, se llevará adelante en la segunda mitad del año.