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Internacional | Jueves 16 • Marzo • 2017

Familiares en el funeral de Madelyn Hernández, de 14 años, quien murió en un incendio en un albergue estatal, el 10 de marzo, en Ciudad de Guatemala. Foto: Johan Ordonez, AFP
Familiares en el funeral de Madelyn Hernández, de 14 años, quien murió en un incendio en un albergue estatal, el 10 de marzo, en Ciudad de Guatemala. Foto: Johan Ordonez, AFP

Siguen las protestas en Guatemala para pedir justicia por las niñas que murieron quemadas en un hogar del Estado

Los guatemaltecos siguen movilizados por las 40 niñas y adolescentes que hace una semana murieron en un incendio mientras protestaban por los abusos que sufrían en un centro estatal que, en teoría, estaba destinado a proteger a menores de 18 años abandonados, víctimas de violencia, con adicciones o en conflicto con la ley. Más de diez niñas sobrevivieron al fuego pero con heridas graves.

Dos frases se reiteran en las pancartas que rodean desde el jueves la sede de gobierno en Guatemala. Un pedido, “que renuncie el presidente”, y una única acusación: “Fue el Estado”. El presidente Jimmy Morales ya lo reconoció el viernes, cuando fue a visitar al hospital a las 12 niñas que sobrevivieron. “Que es una responsabilidad de Estado es un hecho, pero entendiendo el concepto pleno de la palabra. El Estado de Guatemala está conformado por gobierno y población”, dijo. Esto no fue suficiente para los familiares de las niñas, que piden explicaciones y quieren conocer las caras de todos los responsables.

Hasta ahora, fueron arrestados el titular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas, que estaba a cargo del hogar, la subsecretaria Anahí Keller y el director del centro Santos Torres, que fue destituido de su cargo el mismo día del incendio. En tanto, Keller fue cesada el lunes y Rodas renunció el día después. Los tres funcionarios están acusados de “homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad”.

Las detenciones se hicieron después de que las autoridades interrogaron a cerca de 100 niños y adolescentes que residían en el hogar y a miembros del personal. Según los testimonios, las niñas estaban encerradas -con llave y candado- en una pequeña sala como castigo por haber intentado fugarse la noche anterior. Allí, encerradas, empezaron a protestar por la medida adoptada por las autoridades del centro y, en general, por los maltratos que sufrían en el lugar. Según informó la Fiscalía que investiga el caso, prendieron fuego un colchón. Nunca se imaginaron que nadie abriría la puerta. En el lugar del incendio murieron 19 niñas y desde entonces la cifra aumentó a 40. De las que terminaron hospitalizadas, nueve fueron trasladadas a Estados Unidos para ser atendidas por especialistas en quemaduras, confirmó ayer la portavoz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Marlitt Valenzuela.

En un principio, los responsables del centro negaron que las niñas estuvieran encerradas. Pero el viernes, en una entrevista con la cadena CNN, el presidente dijo que se tomaron “medidas de seguridad necesarias” para “separar a hombres y mujeres y evitar agresiones entre sí”, “incluida la llave”. Una de las sobrevivientes, de 13 años, dijo al periódico digital eldiario.es, desde un hospital de Guatemala: “Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían”. También denunció que las funcionarias del centro “trataban mal” a las internas y aprovechó para hacer un pedido a Morales: “Que nos ayude. Que apoye principalmente a las demás, a las que no tienen ni a su papá ni a su mamá”.

En el centro, que -irónicamente- se llamaba Hogar Seguro, vivían 748 niñas, niños y adolescentes, aunque tiene capacidad para 400. Desde hace años su funcionamiento es cuestionado debido a decenas de denuncias de agresiones sexuales, físicas y maltratos que se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta. Esta semana, Morales atribuyó la responsabilidad a la Fiscalía y exigió que se haga una investigación a fondo. Además, aseguró que destinará 10.000.000 de dólares a mejorar el sistema de protección a la niñez y la adolescencia en Guatemala y ordenó la habilitación de 13 nuevos centros.


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