Hasta ayer 631 personas habían firmado una petición para liberar a la joven de Rivera que, después de haber parido en su casa sin saber que estaba cursando un embarazo a término, fue procesada con prisión por el homicidio culposo del hijo. Las firmas y algunas de las razones por las que se pide la liberación de la mujer se pueden ver en https://www.change.org/p/ gobierno-de-la-república-del-uruguay-libertad-para-joven-en-rivera, donde también se puede firmar la petición promovida por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). La organización no gubernamental cuestiona el fallo del juez Darwin Rampoldi, entre otras cosas porque narra las circunstancias que vivió la joven “de forma magistralmente misógina”, y porque su resolución releja la “nula perspectiva de género” que tiene el Poder Judicial, argumenta MYSU en la petición. “Las instituciones del Estado, en este caso desde el Poder Judicial, intervienen desde un paradigma inquisitivo, condenatorio y particularmente perverso con las mujeres pobres”, señala la petición, que exige la “inmediata libertad” de la joven y la intervención de las instituciones involucradas.

Diego Ospitaleche, abogado defensor de la joven, dijo en el programa Esta boca es mía, de Canal 12, que como el delito de homicidio culposo es excarcelable, como primera medida pedirá el beneficio de la libertad provisional, a la vez que solicitará “medidas alternativas para que esté amparada”. Esto último porque la joven, si bien no fue considerada inimputable, tiene bradipsiquismo, es decir, cierta “lentitud mental”, según definieron los médicos que cita la resolución judicial. Luego, el abogado analizará la posibilidad de apelar la decisión de Rampoldi “si entendemos que no es correcta la tipificación”. “Es una sentencia muy estudiada, se tomaron su tiempo para hacerla, y nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo en caso de revertir algo”, aseguró. Ospitaleche dijo que también le preocupa la situación en la que queda la hija de la joven, de 16 meses, actualmente a cargo de su abuela materna.

El comisionado parlamentario sobre el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, opinó que el Informe especial sobre la creación de un programa nacional de atención a mujeres privadas de libertad con hijos a cargo, que divulgó recientemente, apunta a casos como este. Petit opinó que como criterio general en caso de mujeres con hijos pequeños se promueve la idea de que “el reproche penal no quiere decir siempre ‘cárcel’. El reproche penal debe apuntar a restaurar lo que ocurrió y a que la persona repare ella misma para superar la frustración y el daño que puede haber ocurrido”. Consideró importante que existan “mecanismos de prisión domiciliaria apoyados por programas socioeducativos”, para brindar apoyo a la mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. “Hoy quizá esos programas no existen, pero estos casos muestran cómo las situaciones humanas desbordan las previsiones normativas. Hay que buscar programas que se adecuen a las personas y no adecuar ‘con fórceps’ a las personas a lo que hay”, indicó, y añadió que los programas deben “dar tranquilidad también al juez”. Otra de las líneas de trabajo del comisionado en relación con las mujeres presas con hijos es avanzar hacia las “unidades pequeñas, no carcelarias, para madres con hijos, con atención intensiva psicosocial, para cuando el juez considera que la madre no puede ir a la casa”. “No es una población de cientos de casos, no debería ser imposible tener mecanismos para casos como estos, con programas con respuestas que permitan canalizar lo que pueden aportar las distintas instituciones”, consideró.