A fines de abril empezó a debatirse en Colombia uno de los puntos más transformadores del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el de regular y democratizar el acceso al campo. “El conflicto colombiano empezó en la tierra y es en la tierra donde debe terminar”, subrayó recientemente el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper. Pero los intereses empresariales dificultan la redacción de una ley que impulse la reforma rural que se promete en el acuerdo.

“La reforma rural integral sienta las bases para la transformación estructural del campo”, establece el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Ambas partes coinciden en que esta transformación “debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto”, vinculadas con la tenencia de la tierra, y las FARC agregan que se debe atender “particularmente, su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales”.

En pos de hacer dicha transformación, se proponen medidas para facilitar el acceso a la tierra y la regularización del medio rural. De esta forma, se disponen facilidades para la compra de tierras y se activan mecanismos para la formalización de las pequeñas propiedades rurales. Pero el punto del acuerdo que tiene mayor poder de transformación del campo colombiano es la creación del Fondo de Tierras, que se encargará de distribuirlas entre los campesinos que no tengan dónde instalarse.

Ese Fondo de Tierras se nutrirá de aquellas que quedan en manos del gobierno por razones judiciales, aquellas que fueron indebidamente apropiadas u ocupadas (“sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios del programa de formalización”, aclara el acuerdo), aquellas que sean expropiadas por no haber sido explotadas por sus dueños durante cierta cantidad de tiempo (un sistema que ya existe pero no se utiliza) y aquellas que puedan ser expropiadas “por motivos de interés social o de utilidad pública”, así como las que sean donadas “en el marco de la terminación del conflicto y de la construcción de la paz”.

El contenido del acuerdo iba a ser volcado en un decreto que Santos aprobaría y que luego sería ratificado o rechazado en el Congreso. Pero un primer borrador empezó a circular semanas atrás, generando los primeros choques en un debate que recién estaba empezando. Si bien el decreto crea el Fondo de Tierras y lo dota de presupuesto y recursos, así como del compromiso de hacerse con tres millones de hectáreas de tierras, el texto también favorece a los grandes propietarios de tierra mediante varias disposiciones.

Básicamente, el decreto habilita a los propietarios a acceder a unidades territoriales que les permitirán ampliar las hectáreas bajo su dominio -por ejemplo, baldíos colinderos a sus terrenos- así como comprar reservas forestales, algo que actualmente está permitido sólo para emprendimientos de interés nacional, como vinculados con la generación de energía.

Ni bien se conoció el texto llegaron las primeras reacciones. Partidos políticos y organizaciones civiles que respaldan la paz, como el Polo Democrático y la Comisión Colombiana de Juristas, publicaron una carta en la que critican que el texto permite entregar tierras “a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”. La misiva está dirigida a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, integrada por representantes de las FARC y del gobierno, responsable de verificar que las leyes reflejen el espíritu del acuerdo final.

Además, desde que se conoció el borrador del decreto, los medios periodísticos han consultado a varios académicos que coinciden en criticar que los campesinos no sean los únicos beneficiarios de la iniciativa y en opinar que esta tiene demasiados puntos que favorecen a los grandes propietarios de tierras, lo que, a la larga, mantendría la inequidad en las zonas rurales. A su vez, analistas consultados por el diario El Espectador consideran que es necesario eliminar un artículo que dispone que se puede hacer expropiaciones “por motivos de interés social o de utilidad pública”, ya que es demasiado abarcativo y otorga un poder excesivo a la Agencia Nacional de Tierras.

Pero no sólo quienes reclaman una reforma rural profunda critican este decreto, también lo hacen los empresarios del campo, que consideran que su derecho a la propiedad privada es atropellado, especialmente porque la norma permitiría las expropiaciones en más casos de los previstos por la legislación actual. “Son sorprendentes las similitudes del proyecto [...] con la ley habilitante de [Hugo] Chávez de 2010 para reforma agraria, que resultó en siete millones de hectáreas expropiadas y economía rural colapsada”, sostiene el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, en un comunicado publicado en espacio contratado en varios diarios a comienzos de mayo. En el texto advierte que no sólo el sector ganadero se verá “perjudicado” por el acuerdo con las FARC, sino que habrá otros proyectos legislativos que “amenacen la propiedad accionaria de la industria y el sector financiero”. Recalca que Fedegan “planteó válidas inquietudes sobre el tema de la tierra” durante las conversaciones con las FARC pero estas fueron desoídas. Además, asegura que era evidente que, para cumplir con su parte del acuerdo con la “narcoguerrilla”, el gobierno “echaría mano de las expropiaciones administrativas”.

Otro reclamo de Fedegan es que este primer decreto sólo regularía la parte de la propiedad de la tierra y no otras medidas incluidas en el acuerdo acerca de aspectos medioambientales y del desarrollo de infraestructura y servicios en el medio rural.

Estas son sólo las reacciones iniciales, ya que recién esta semana el gobierno empezó a “socializar” el proyecto con organizaciones civiles, cámaras empresariales vinculadas al negocio del agro y otro tipo de entidades vinculadas a este tema. Sin embargo, el gobierno ya ha salido a responder a las quejas de los empresarios. “Este no es un proyecto de ley para expropiar tierras, es para darles más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y pongamos a producir el país”, aseguró el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano, Aurelio Iragorri Valencia, el jueves. Agregó que el gobierno fue “muy cuidadoso” de no pisar las “líneas rojas”: la propiedad privada y el sistema productivo. Además, calmó la incertidumbre al asegurar que los propietarios a los que les puedan expropiar tierras porque no las explotan recibirán un aviso con seis meses de antelación para que tengan tiempo de convertirlas en tierras productivas.