“Nada nos destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros”, dijo ayer Michel Temer. El presidente de Brasil hizo esas declaraciones cuando quedaba sólo un día, según el plazo establecido por el Supremo Tribunal Federal (STF), para que el fiscal general Rodrigo Janot presentara una acusación formal de corrupción en su contra por el caso de la empresa JBS. Horas después, Janot presentó esa denuncia.

Uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, había grabado conversaciones en las que el presidente parece avalar el pago de coimas al ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Si bien la defensa de Temer argumentó que esos audios estaban editados, una pericia de la Policía Federal descartó esa posibilidad el viernes. Por este caso, además, está en prisión preventiva Rodrigo Rocha Loures, ex asesor de Temer al que también comprometieron las grabaciones y las confesiones de directivos de JBS.

Janot denunció a Temer ante el STF por el delito de corrupción pasiva. Según informó el diario Folha de São Paulo, el fiscal general afirma en su acusación que en los meses de marzo y abril Temer, “valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo”, recibió “para sí” y por medio de Rocha Loures una “ventaja indebida” de unos 500.000 reales (150.000 dólares) ofrecida por Batista. Agrega que Temer y Rocha Loures, además, aceptaron el ofrecimiento de un pago indebido de unos 38 millones de reales (11 millones y medio de dólares).

Ahora le corresponde al ministro del STF, Edson Fachin, quien está a cargo de estudiar el caso, enviar la denuncia a la Cámara de Diputados, que tiene que autorizar, con el voto de dos tercios de sus integrantes, que esa corte abra un proceso al presidente. Si 342 legisladores avalan esa investigación, el presidente sería procesado y podría ser suspendido de sus funciones por 180 días. En ese caso, quedaría en su lugar el titular de la cámara baja, Rodrigo Maia, y Temer se convertiría en el primer presidente de Brasil en funciones en enfrentar cargos penales. Pero el gobierno y sus aliados confían en que podrán evitar que se sumen esos 342 votos.

Aunque Temer intentara ayer mostrarse fuerte y defender a sus ministros –ocho de los cuales también enfrentan sospechas de corrupción–, sabía entonces que la denuncia de Janot era un hecho, porque el fiscal dejó clara su opinión sobre la responsabilidad del presidente cuando acusó a Rocha Loures.

Días antes, la Policía Federal había presentado al STF un informe preliminar del caso según el cual existían “serios indicios” de que Temer se involucró “con vigor” en hechos de corrupción. A estas conclusiones se sumaron ayer las de un informe final según el cual el presidente “incentivó que se mantuvieran los pagos ilegítimos a Eduardo Cunha por parte del empresario Joesley Batista, al tiempo que dejó de comunicar a las autoridades competentes” sobre esos hechos, informaron los diarios Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo. Para la Policía Federal, Temer interfirió con la investigación de estos delitos.

Ayer, más temprano, las acusaciones de corrupción en Brasil habían golpeado en otras filas políticas. En el marco del caso Petrobras fue condenado a 12 años de prisión Antonio Palocci, un dirigente destacado del Partido de los Trabajadores que fue ministro de Hacienda de Luiz Inácio Lula da Silva y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff. La condena, dispuesta por el juez Sérgio Moro puso otra vez sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo por el cual Palocci pudiera brindar información a la Justicia a cambio de una reducción de su pena.

Los delitos que se atribuyen a Palocci son los de corrupción pasiva y lavado de dinero. Se lo acusó de cobrar sobornos de Odebrecht para favorecer a esa constructora desde su cargo, entre 2006 y 2013, y de haber intercedido a favor de la firma en una licitación de Petrobras. Según la sentencia, recibió a cambio el pago de 10,2 millones de dólares.