La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió dejar en “suspenso definitivo” la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar al fiscal anticorrupción designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez. De acuerdo con el máximo órgano judicial del país, Morales “actuó con ilegalidad” al tomar la decisión y declarar persona no grata a Velásquez porque la Constitución establece que las declaraciones de ese estilo que haga el presidente deben estar firmadas por alguno de sus ministros, algo que no sucedió. Para exigir la salida de Velásquez, el mandatario tampoco pidió el permiso de la ONU, como debería haberlo hecho según establece el Convenio de Creación de la CICIG.

El presidente guatemalteco había acusado al funcionario de origen colombiano de interferir en los “asuntos internos” del país, después de que el órgano que dirige abrió una investigación en su contra, para investigar la financiación de su campaña electoral.