“Intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” son los delitos por los que se investiga a los 31 manifestantes que fueron detenidos el viernes en Argentina en una marcha en la que miles de personas reclamaron la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido el 1º de agosto durante una protesta mapuche. Ayer, decenas de personas se reunieron en las puertas de los tribunales de Buenos Aires para exigir la libertad de los detenidos y protestar contra la criminalización de la protesta social. Según los diarios La Nación y Página 12, entre los detenidos hay militantes políticos y docentes que participaban en la movilización, así como periodistas que estaban informando al respecto.

La Policía hizo las detenciones sobre el final de la protesta del viernes en Plaza de Mayo. Esa movilización fue convocada después de que en las últimas semanas hubiera versiones cruzadas entre, por un lado, la familia y los amigos de Maldonado y, por otro, el gobierno y los responsables de la investigación. La tensión había crecido la semana pasada, cuando se supo que la fiscal que investiga la desaparición, Silvina Ávila, descartaba el vínculo de la Gendarmería Nacional con lo sucedido, un enfoque que rechazan, entre otros, los testigos que vieron cómo subieron a Maldonado a una camioneta de la institución. Además, en las últimas semanas la familia Maldonado ha repudiado la “indiferencia” de las autoridades ante la desaparición de Santiago.

Con este trasfondo, la movilización del viernes terminó con algunos pocos manifestantes que grafitearon paredes, quemaron contenedores y rompieron vidrios de comercios y edificios públicos, y fueron reprimidos por la Policía.

Las detenciones fueron celebradas por representantes del gobierno y de la coalición oficialista Cambiemos, que las presentaron como el triunfo de la “paz” sobre la “violencia”. Entre ellos estuvo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que consideró: “Los jueces en general se los llevan presos y a las seis u ocho horas los largan. [Esta vez] no los largaron. Hay 30 que quedaron detenidos todo el fin de semana. Eso ya es un avance”. Además, Rodríguez Larreta dijo en redes sociales que reparar los daños causados por la manifestación costará a los porteños unos 350.000 dólares y convocó a los “vecinos” a “hacerlo juntos”, para “recuperar” los edificios dañados, muchos de los cuales son públicos.

De acuerdo con los diarios La Nación y Clarín, el gobierno de Mauricio Macri maneja la hipótesis de que quienes participaron en protestas violentas el viernes, y también en otras que se llevaron a cabo en las últimas semanas, están vinculados con grupos políticos radicales que en algún momento fueron afines al kirchnerismo y que decidieron tomar acciones más fuertes después de que se conocieran los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto, en las que esperaban un apoyo menor para el oficialismo.