El primer trimestre de 2017 trajo buenas noticias al gobierno Michel Temer: el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil en ese período había sido de 1% en comparación con el trimestre anterior. Temer se apresuró a decir que era la señal de que la economía estaba retomando la senda del crecimiento. Sin embargo, la buena noticia no pudo ser confirmada por un segundo dato positivo: la cifra del segundo trimestre mostró un crecimiento de apenas 0,2% en la comparación desestacionalizada.

En este marco de dudas sobre si la economía brasileña daba una señal positiva, el gobierno de Temer acelera el “esfuerzo” por recortar sus gastos para cumplir con la meta fiscal de casi 50.000 millones de dólares. El rubro elegido para acelerar el recorte es el de las inversiones, que en los primeros siete meses del año fueron unos 3.000 millones de dólares inferiores a las del mismo período de 2016. En cualquier lugar, las inversiones son las candidatas a ser objeto de recortes; primero, porque gran parte de los presupuestos nacionales o federales están previamente comprometidos, y segundo, porque, en la medida en que no afecta el cobro de salarios, nadie las defiende. Sin embargo, esa mirada cortoplacista olvida que las inversiones son un importante factor de estímulo de la actividad, sobre todo cuando los datos no permiten asegurar que la economía esté empezando a dar señales positivas.

En este sentido, citado por Folha de São Paulo, el economista Manoel Pires, integrante de la Fundación Getúlio Vargas y ex secretario de política económica de Dilma Rousseff, afirmó que el recorte de las inversiones tiene un fuerte impacto negativo en la actividad, mucho mayor que el que se produciría debido a recortes en los gastos de funcionamiento o en los subsidios. “Cuando se aumentan los subsidios, el efecto sobre la actividad es marginal. En el caso del gasto en personal, es de 0,6% a 0,7% del PIB. En el caso de las inversiones, ese porcentaje sube a 1,5% o 1,6%”, dijo Pires para graficar que el PIB sube 1,6 reales por cada real invertido.

Desde la conducción económica del gobierno se entiende que, a pesar del efecto negativo sobre el nivel de actividad, el recorte de las inversiones públicas son el complemento necesario de los ahorros generados por la reforma de la seguridad social para reducir el déficit del presupuesto público. Detrás de estas decisiones está la visión tan conocida y practicada que indica que el principal responsable de la falta de dinamismo son los déficits presupuestales del Estado y su necesidad de financiamiento, que ahoga la iniciativa privada y vuelve poco rentables los negocios.

Los principales recortes en la inversión pública se están dando en la obra pública y, en particular, en los programas de construcción de viviendas populares. Mientras que las inversiones totales cayeron 13% respecto de 2013 (el año anterior al comienzo de la recesión), los recursos del programa “Mi casa, mi vida” cayeron 40%. La consecuencia de este recorte es clara: mientras que en 2013 se construyeron 940.000 unidades, a fines de 2016 sólo ascendieron a 385.000. Los recortes también alcanzaron al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que fue lanzado a comienzos de 2007 y engloba un conjunto de políticas económicas cuatrianuales destinadas a acelerar el crecimiento del PIB.

Hay una apuesta explícita del gobierno de Temer al capital y la iniciativa privada como motor del crecimiento, dejando de lado la inversión pública y con ello varios programas concebidos por los anteriores gobiernos de izquierda que buscaban acelerar el ritmo de la actividad económica y la redistribución de la riqueza. Pero la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que mide la inversión pública y privada en activos fijos, tuvo una contracción de 0,7% respecto del primer trimestre de 2017, cuando, a su vez, había caído 6,2% respecto del trimestre inmediato anterior. La caída en la FBCF acumula ya 13 trimestres seguidos, lo que constituye un indicador de la falta de expectativas de crecimiento económico. Esta contracción se concentró en las importaciones de bienes de capital y en el desempeño negativo de la construcción. A su vez, el gasto del gobierno se contrajo 2,4%.

De acuerdo con un sondeo realizado por la encuestadora Ibope, la aprobación del gobierno de Michel Temer apenas alcanza a 5%, el nivel más bajo de la historia de un presidente desde la vuelta a la democracia en 1985. Pero esta falta de apoyo popular no ha sido obstáculo para aprobar en poco tiempo dos medidas que nunca habrían sido ratificadas en las urnas: la ley de “techo al gasto público” y la reforma laboral. “Esa es la ventaja que tiene Temer: no ha sido un presidente electo y hace lo que quiere sin que le importe lo que piense la población”, dijo Wilson Gomes, profesor de Comunicación Política de la Universidad Federal de Bahía. Según la ley de “techo al gasto público”, se congela la inversión en servicios públicos durante los próximos 20 años. Para ello, el presupuesto sólo aumentará en función del reajuste de la inflación del año anterior, lo que supone de hecho la congelación del gasto en salud y educación, entre otros servicios. La reforma laboral aprobada en junio modifica las condiciones de negociación de tal manera que lo acordado entre la empresa y el trabajador prevalezca por encima de lo legislado; esto significa, de hecho, legalizar la flexibilización laboral. Esta ley se aprueba, además, cuando las cifras de desempleo son desalentadoras: 13% de la población está sin trabajo, el porcentaje más alto de los últimos 15 años. Según cálculos del Banco Mundial, a finales del año Brasil tendrá entre 2,5 y 3,6 millones de “nuevos pobres”.

La principal preocupación del gobierno es la recuperación de la confianza de los inversores extranjeros. Por eso, uno de los pilares de sus políticas son las privatizaciones. La última semana de agosto, Temer anunció la venta de 57 empresas del Estado de diferentes sectores, que incluyen carreteras, puertos, aeropuertos y líneas de transmisión de energía eléctrica. Asimismo, el miércoles de la semana pasada el Banco Central de Brasil decidió disminuir la tasa de interés de referencia un punto porcentual y situarla en 8,25%, el nivel más bajo desde julio de 2013. De esta manera se espera que los inversores privados que no observan el crecimiento económico prometido y que, por ende, apuestan a fondos de renta fija, migren sus inversiones a herramientas financieras de mayor rentabilidad –y, como consecuencia, de mayor riesgo–, tales como fondos privados, acciones e incluso al mercado inmobiliario.