El gobierno de Michelle Bachelet se dispone a cerrar el penal de Punta Peuco este mes, pese a la resistencia de los familiares de los 130 violadores de los derechos humanos que están recluidos allí. La única duda que permanece es la fecha del traslado, aunque ha trascendido que el gobierno quiere distanciarla del 11 de setiembre, cuando se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado.

El general del Ejército chileno Héctor Orozco Sepúlveda, ahora retirado, fue el último militar en ingresar a Punta Peuco, la cárcel que fue creada en 1995 para albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Orozco fue titular de la Dirección de Inteligencia del Ejército y empezó a cumplir el 21 de agosto una condena de diez años y un día de prisión por homicidio y secuestro calificado, por haber asesinado a dos opositores en 1973. Tiene 92 años y es el militar más viejo que ingresa a Punta Peuco, un centro de reclusión que tiene condiciones de lujo en comparación con otras cárceles chilenas. Allí cada módulo tiene living, cocina y duchas; cada celda cuenta con camas de plaza y media y baño con inodoro, y en el recinto hay una biblioteca, salones de clase, una capilla, una cancha de tenis y una multicancha.

La familia de Orozco ha denunciado que el militar tiene un deterioro físico y mental por el cual ni siquiera tiene conciencia de sí mismo. Sin embargo, el Servicio Médico Legal, que trabaja con el Poder Judicial, determinó que Orozco está lúcido y consciente.

Con este caso han resurgido en las últimas semanas las quejas de los familiares y amigos de los condenados por delitos de la dictadura que dicen que se está llevando adelante una “venganza”. Uno de los argumentos que esgrimen para hacer esa afirmación es el cierre de Punta Peuco, una de las promesas de campaña de Bachelet, que está por terminar su mandato.

Un centenar de personas se movilizó el sábado en contra del cierre del penal, con remeras, globos, banderas y hasta algunas pancartas que afirmaban que “Chile traiciona a sus militares” y pedían la “libertad para los ex uniformados presos”.

El cierre de esta cárcel no sólo ha sido reclamado por organizaciones de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, sino también por los jueces, ya que el penal de Punta Peuco tiene 130 reclusos, pero fue diseñado para contar con sólo 110.

La clausura se dispondría en setiembre, según ha comunicado el gobierno a organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, hay diferencias en la interna del Ejecutivo entre quienes defienden que el penal sea cerrado este mes y quienes piden que la fecha se aleje del 11 de setiembre, día en el que se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, de 1973.

El operativo de traslado, que tendrá como destino al penal Colina 1, ya está planificado y no habrá notificación previa para evitar incidentes. El anuncio oficial se hará una vez que los detenidos hayan sido trasladados.

De esta manera se busca evitar que suceda lo mismo que en 2013, cuando el entonces presidente chileno Sebastián Piñera anunció el traslado a Punta Peuco de diez presos del penal Cordillera, donde cada uno contaba con una cabaña a su disposición con todas las comodidades. En ese entonces uno de los condenados por crímenes de la dictadura, el general retirado Odlanier Mena, se suicidó antes de regresar al penal de Punta Peuco desde su casa, donde se encontraba circunstancialmente. Otros presos intentaron resistirse a la medida, pero fueron disuadidos por las autoridades.

Para el traslado se remodeló el módulo Asistyr de la prisión Colina 1, con un costo superior a los dos millones de dólares. El módulo que albergará a los violadores de los derechos humanos no cuenta con ninguna de las comodidades que hay en Punta Peuco, informó el diario La Tercera, que accedió al lugar. La única disposición especial es la instalación de una enfermería exclusivamente para estos reclusos, que se hizo a raíz de una sugerencia de jueces de causas vinculadas con los derechos humanos, justamente para evitar los traslados continuos al Hospital Militar o a otros centros de asistencia médica, propios de una población envejecida.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que el de Colina 1 es un módulo “estándar” y que las organizaciones militantes por los derechos humanos “apoyan” el traslado a ese lugar.