Si bien las obras oficiales todavía no empezaron, la iniciativa de la compañía con sede en Hong Kong se viene gestando desde hace varios años. El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó a los chinos la concesión del canal el 7 de junio de 2013, con la firma de un acuerdo que incluía la aprobación de la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructuras y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas –más conocida como Ley 840–. Tan sólo seis días después –y sin aviso público previo–, la norma fue aprobada por el Parlamento.

Desde ese entonces, empresarios chinos van y vienen al país centroamericano para preparar el terreno, pero la cosa parece muy quieta. Para disipar los rumores que corrían ante esta aparente inmovilidad, el vocero encargado del canal, Telémaco Talavera, afirmó a mediados de agosto que el proyecto “sigue en pie”, aunque “los trabajos de ingeniería no han comenzado”. No se animó a ponerle fecha al inicio.

Se estima que el Gran Canal Interoceánico tendrá aproximadamente 278 kilómetros de largo y recorrerá Nicaragua de este a oeste, uniendo así el océano Atlántico con el Pacífico. En su recorrido, cruzará parte del lago Cocibolca, conocido por ser la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica. Según lo establecido en el acuerdo con el gobierno, la empresa HKND podrá administrar hasta por 100 años el canal, que supondrá una inversión total de 50.000 millones de dólares. En ese presupuesto están contemplados también los subproyectos asociados al canal. En concreto, el proyecto prevé la construcción de dos puertos, dos aeropuertos, una vía férrea, dos zonas francas, oleoductos y centros turísticos. Y la lista puede crecer en el correr de los años, según establece el texto original.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Humano elaborado por el gobierno para el período 2012-2016, el canal beneficia a Nicaragua porque “toma ventaja de la geografía y disponibilidad del agua” en el país. La administración de Ortega defiende que esta estrategia podría multiplicar el Producto Interno Bruto y otorgar así recursos al Estado para reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema. Además, el proyecto complementaría al Canal de Panamá, que necesita una vía de tránsito para los buques cuyo tamaño y calado están por encima de los permitidos en la estructura panameña.

Sin embargo, quienes se oponen al proyecto consideran que está mal encarado desde el principio, porque fue aprobado “en secreto” por el Parlamento y sin previa consulta a las personas que se van a ver afectadas por las obras.

La organización Amnistía Internacional recoge en su informe “Peligro: derechos en venta. El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos”, publicado el 3 de agosto, el testimonio de habitantes de la zona que acusan al gobierno de no haber difundido información sobre el proyecto, del que se enteraron “de casualidad”. El informe, de 55 páginas, denuncia: “Resulta evidente que el Estado no cumplió con el requerimiento de informar, consultar y permitir la participación de las partes interesadas, incluidas aquellas que pueden resultar directamente afectadas”.

El secretismo, la falta de transparencia y el difícil acceso a la información tienen que ver, según distintas organizaciones civiles nicaragüenses, con una contracara del proyecto que incluye desalojos forzosos, expropiaciones y efectos negativos en el medioambiente. Por eso, exigen desde hace meses la implementación de un proceso de participación efectiva, que brinde un acceso fácil y completo a información necesaria y contemple mecanismos genuinos de consulta en los que intervengan todas las personas que pueden verse perjudicadas.

Faltan garantías

Talavera dijo que, para la puesta en marcha del canal y sus subproyectos, “no se ha expropiado ni una sola pulgada de tierra”. Sin embargo, una lectura minuciosa de la Ley 840 muestra que los habitantes de las zonas aledañas a la futura vía hídrica no tienen garantizada la permanencia de sus hogares.

Existen diversas estimaciones sobre el impacto que tendrá el canal en esos habitantes. De acuerdo con las Evaluaciones del Impacto Ambiental y Social que el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo entre setiembre y octubre de 2014, la empresa inversora realizó un censo que determinó que aproximadamente 30.000 personas (7.210 familias) tendrían que ser física o económicamente desplazadas como consecuencia del proyecto. Organizaciones de la sociedad civil señalaron, sin embargo, que dentro de la zona de influencia directa se ubican aproximadamente 24.100 hogares, lo que afectaría a cerca de 119.200 personas.

Lo que realmente preocupa es que, hasta el día de hoy, esas familias no han sido notificadas sobre qué pasará después de que sean desalojadas. Amnistía Internacional señala en su informe que el proceso de reubicación es lo que más inquieta a los posibles afectados, en especial porque “falta información seria y detallada” al respecto. Este punto tampoco está especificado en el texto de la Ley 840. “Aunque circula información sobre el diseño de acciones de reasentamiento, el futuro ofrecimiento de casas y oportunidades de empleo en el proyecto, quienes habitan en las zonas próximas a la ruta anunciada expresaron que no conocían los detalles del proceso de reubicación u otro tipo de compensación”, señala el informe de Amnistía Internacional. Además, la organización afirma que los entrevistados “se mostraron preocupados sobre el posible lugar de reubicación y el tipo de condiciones que les serán ofrecidas”. Entre sus temores se encuentran las posibilidades de “que no puedan continuar con sus labores agrícolas y ganaderas, que se pongan en riesgo sus medios de subsistencia y que se fracturen sus redes familiares y vecinales”.

A los desalojos masivos les siguen las expropiaciones, otro elemento que inquieta por las condiciones que la Ley 840 plantea respecto de la indemnización. De acuerdo con el texto de la norma, el valor de la indemnización será “el valor catastral o, en todo caso, el monto inferior obtenido luego de comparar el valor catastral y el valor justo de mercado”. Es decir: la norma determina que, de los posibles montos, el pago será el menos favorable. A la vez, es vaga en cuanto dice que quienes recibirán la indemnización son los “dueños” o “propietarios” de la tierra, pero no hace referencia a la situación de quienes no tengan formalmente un título legal o sean meros poseedores.

A esto se suma que la ley no prevé la posibilidad legal de apelar u objetar la decisión de la expropiación. Como consecuencia, “los posibles afectados se encontrarán en total desprotección legal y sin acceso a un recurso efectivo que brinde protección a sus derechos”, denuncia Amnistía Internacional.

De acuerdo con la organización, el Estado violaría de esta manera varios puntos acordados en los tratados internacionales que ha firmado Nicaragua en materia de derechos humanos. “Las autoridades en Nicaragua han vendido en secreto el futuro del país al mejor postor y han puesto a miles de personas en riesgo de perderlo todo”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Agregó: “La única manera de deshacer este espantoso error es revocar la ley que sustenta el proyecto antes de que cause más daño y de forma permanente, y volver a comenzar, asegurando que todas las personas que podrían verse afectadas tengan voz para decidir sobre su futuro. Cualquier otra opción seguirá dejando al margen a comunidades enteras e ignorando sus derechos humanos”.

El Gran Canal Interoceánico obtuvo su permiso ambiental a fines de 2015. Además, la Ley 840 contempla la creación de una comisión responsable de la supervisión del uso racional y sostenible de los recursos naturales, protección del medioambiente y biodiversidad del área de influencia de la futura ruta. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental presentado hace dos años recomendó 26 estudios adicionales que todavía no se completaron, y grupos de ambientalistas han descrito el proyecto como un “crimen ambiental”.

En otros ámbitos

A fines de julio, el Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Fundación Popol Na presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno declare como “violatorio de los derechos humanos” el proyecto del canal. En la solicitud, las organizaciones exigieron específicamente que el Estado establezca como reparación la derogación de la Ley 840. En ese entonces, el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, explicó que entre los derechos violentados con esa norma están el “derecho a la propiedad”, la “libertad individual” y la “integridad física”.

Hace dos años, una decena de organizaciones había hecho una denuncia en este sentido ante la CIDH. Los demandantes también denunciaron el uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales por parte de funcionarios policiales contra quienes participaron en las más de 90 movilizaciones pacíficas que se han organizado en Nicaragua contra la instalación del canal.

Por otro lado, las organizaciones acusaron a las fuerzas estatales de realizar “actos que constituyen intimidación, hostigamiento y represalias contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios” que han expresado sus preocupaciones por las consecuencias del proyecto. Para el gobierno, todas las denuncias tienen un trasfondo “eminentemente político”.