El nombre de Rodrigo Blas, edil de Maldonado por el Partido Nacional (PN), del sector Todos hacia Adelante, que lidera Luis Lacalle Pou, se hizo notorio en agosto, luego de que el semanario Brecha informó que la Dirección General Impositiva (DGI) le había aplicado una multa de casi dos millones de dólares por defraudación tributaria –cuatro veces el monto defraudado–. Por intermedio de su inmobiliaria (Blas Propiedades), el edil evadió parte de los impuestos relacionados con la venta de unos terrenos en Valle di Saronno, propiedad de la empresa Javipark SA: se enajenaban a precios superiores que los que figuraban en las escrituras de compraventa.
Así las cosas, el 20 de agosto Blas pidió al Honorable Directorio del PN que le concediera licencia de sus derechos partidarios, y pidió ser recibido por la Comisión de Ética del partido. Se presentó ante ese organismo con su abogado y entregó un escrito que contenía “la relación de los hechos” del escándalo, así como documentación del procedimiento administrativo seguido por la DGI, de las actuaciones del expediente penal y civil, y “actas notariales y certificados” de la DGI y el Banco de Previsión Social (BPS), según consta en el informe redactado por la comisión.
Ese informe, que se conoció la semana pasada, fue votado por unanimidad de los cinco integrantes de la Comisión de Ética nacionalista: Carmen Asiaín, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán Martínez, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo. Señala que “de los elementos disponibles hasta el momento no surgen fundamentos de juicio que justifiquen en esta instancia un cuestionamiento ético al señor Rodrigo Blas”.
Para llegar a esa conclusión, la comisión se basó en varias consideraciones. Por ejemplo, que Blas “tiene una actividad política notoria” en Maldonado, “habiendo sido candidato a intendente en las pasadas elecciones y liderando una de las principales listas de PN”, y que, por otro lado, quien denunció a Blas “es una figura política notoria del Frente Amplio” en Maldonado que fue “primer candidato a la Junta Departamental por la lista 55” (se refiere a Gastón Villamayor). Además, se consideró que las actuaciones se dirigen “en forma principal” contra Javipark SA, y lo hacen contra Blas “en su calidad de apoderado como agente inmobiliario” de esa empresa. El informe agrega que el edil no integra el directorio de Javipark ni tiene “participación alguna” en esa empresa, y que su inmobiliaria (Blas Propiedades) no figura “como deudora del BPS ni de la DGI”. También se señala que el acto administrativo de la DGI determinó “una obligación tributaria del orden del doble de la determinada inicialmente”, que fue recurrido “en vía administrativa” por Blas, y que por lo tanto “no se encuentra firme”, aparte de que, “según anunció el compareciente” (es decir, el propio Blas), será objeto “de acción de nulidad” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “en caso de ser confirmado o de seguir causando agravio”.
Los integrantes de la Comisión de Ética también consideraron que, según un acta notarial presentada por Blas, “una persona que fue testigo en el procedimiento administrativo ante DGI declaró ante escribano público haber sido presionada para que cambiara su declaración” ya que “de lo contrario podría ser procesada penalmente”, debido a lo cual optó por cambiarla “respecto al precio efectivamente abonado por la compraventa, en perjuicio de la posición de Javipark en la investigación que llevaba la DGI”.
Además, el informe unánime señaló que “no surge que la DGI haya observado y cumplido con las garantías del debido proceso administrativo respecto a las personas a las que aplicó las obligaciones tributarias y la posterior denuncia penal”, sino que, en cambio, “surge de las actuaciones la existencia de vicios de procedimiento”. Se agrega que, en la causa penal, ni Blas ni ninguno de los demás denunciados, ni los testigos y tampoco el denunciante ante la DGI “han prestado su declaración aún, no existiendo auto de procesamiento y no habiéndose producido ni diligenciado toda la probanza”. Por último, el fallo también considera que en la acción civil “tendiente a la adopción de medidas cautelares” la Justicia “ha denegado la solicitud de la DGI de continuar prorrogando las medidas de embargo, por falta de fundamentos para ello”, aunque “consta que la DGI ha interpuesto los recursos contra dicha providencia judicial, apelación que se encuentra pendiente de resolución por el tribunal superior”.
Beatriz Argimón, presidenta del Directorio del PN, dijo a la diaria que el fallo de la Comisión de Ética estará en el orden del día de hoy en el Directorio, a fin de conocer la opinión que tienen sobre él los demás integrantes del organismo de conducción partidaria. Consultada sobre su opinión, Argimón señaló que es “muy respetuosa de la decisión del cuerpo”. A su vez, la diaria consultó al senador Lacalle Pou, quien dijo que no había leído el fallo.