El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú anuló ayer el indulto humanitario que recibió el ex presidente Alberto Fujimori en diciembre de 2017 y ordenó su captura para que ingrese en prisión. Ahora, Fujimori deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a manos del grupo paramilitar Colina. Se prevé que retorne al penal de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el distrito limeño de Ate.

El juez que dictó el fallo, Hugo Núñez Julca, consideró “fundado” el pedido de que no se aplique el indulto al ex mandatario, presentado por representantes de la sociedad civil y familiares de víctimas de los crímenes, quienes consideraron que hubo irregularidades en el proceso de otorgamiento del perdón, no existió causa médica acreditada y hubo motivaciones políticas. A la vez, el magistrado argumentó que la resolución de indulto que otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori por “razones humanitarias” carece “de efectos jurídicos”.

El abogado del ex gobernante, Miguel Pérez Arroyo, dijo a Canal N que la sentencia es “acatable” desde el punto de vista jurídico pero “cuestionable”. También aseguró que apelará.

Más tarde, en declaraciones a la radio Programas de Perú, Pérez Arroyo dijo que detrás de la anulación hay “razones políticas” y consideró que la “gran responsabilidad” la tiene Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori, la hija del ex presidente y ex candidata a gobernar Perú. La dirigente dijo que la decisión de la Justicia muestra que existe una “persecución” y un “ensañamiento”, no “solamente” con su familia sino también con su partido. “De parte de quién no sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos”, dijo Keiko a la prensa al llegar a la casa donde se encontraba su padre.

En tanto, la abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, Gloria Cano, afirmó que la decisión de la Corte Suprema acaba con la “impunidad”, porque “el indulto era ilegal y no correspondía haberse entregado cuando se trataba de graves delitos como asesinato”.

Los familiares basaron su solicitud de anulación del indulto en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que la medida fuera revisada. La corte identificó puntos que no cumplían con los requisitos jurídicos exigidos en el derecho peruano para otorgar el indulto humanitario a Fujimori. Cuestionó dos elementos en particular: que la Junta Médica Penitenciaria que evaluó el caso incluyera a un profesional que había sido médico de cabecera de Fujimori, y que existieran diferencias sustanciales entre el primer acta que emitió la Junta Médica, que decía que Fujimori se encontraba “en buen estado general”, y un segundo documento ampliatorio presentado dos días después en el que se incluyó que padecía de un “soplo logístico”. Además, la resolución final no explicaba por qué el encarcelamiento podía poner en peligro su vida y tampoco mencionaba que Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

En su momento, el indulto también fue cuestionado porque se le otorgó al ex gobernante poco después de que un grupo de legisladores disidentes del fujimorismo y liderados por Kenji, el hijo menor de Fujimori, favoreciera al presidente Kuczynski y evitara que se aprobara un pedido de destituirlo que se votaba en el Congreso.