La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad la ley que obliga a las empresas que tienen más de 25 empleados a llenar un mínimo de 4% de sus vacantes con personas discapacitadas. Un senador de la oposición consideró que se trata de “un paso necesario para adaptarse a los nuevos tiempos, porque hoy en día, al haber mejorado las condiciones de accesibilidad, hay muchos más discapacitados que salen a votar”. La ley no despertó grandes resistencias, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil consideraron que debería ser “más específica” y “establecer salvedades en algunas situaciones concretas”.
“Estamos de acuerdo con que las personas discapacitadas tengan una cuota específica a la hora de conseguir trabajos. Pero no puede ser que también puedan acceder a este cupo los discapacitados que se visten de mujer y salen a prostituirse. Esos no merecen ningún tipo de cuota ni subsidio”, aseguró un integrante de una ONG que promueve “los valores familiares”. El activista consideró que “una cosa es una persona que tiene dificultades para conseguir trabajo por algún problema físico o intelectual, pero otra cosa es alguien que elige un estilo de vida degenerado”.
En la iglesia católica no comparten este diagnóstico. “Todos los hombres que se visten de mujer deberían entrar en la cuota, porque están enfermos. ¿Es justo que le demos trabajo a alguien a quien las piernas le funcionan mal, pero no a alguien a quien el alma le funciona mal?”, se preguntó un obispo.