La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) se reunió ayer y analizó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates públicos entre los candidatos presidenciales. El diputado Fernando Amado, líder del sector Batllistas Orejanos, viene manteniendo varias reuniones para reflotar el proyecto: presentó la iniciativa en 2015 y se propuso instalar nuevamente la discusión de cara a las próximas elecciones.
El diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez dijo a la diaria que la bancada todavía está analizando el proyecto y que no se tomó ninguna decisión. De todos modos, rescató que existe un “ambiente favorable” a apoyar la iniciativa, pero que evalúan proponer algunos cambios. Desde el mismo sector, la diputada Bettiana Díaz adelantó que la idea es “darle para adelante” a la iniciativa y que están manejando proponer que los debates se realicen al inicio de la campaña electoral y no sobre el final, ya que muchas veces esto puede terminar “embarrando la cancha”.
Sobre las posibles modificaciones que se barajaron en la reunión, el diputado Roberto Chiazzaro, del Partido Socialista, comentó que algunos legisladores propusieron que se defina el “contenido” del debate y, por ejemplo, se incorpore que se centrará en las “propuestas programáticas” de los candidateables. Asimismo, se propuso “definir mejor” la cantidad de debates que deberán hacerse y si se realizarán de cara a las elecciones nacionales o también en el caso de un eventual balotaje.
Otro de los puntos que evalúan mejorar es el que refiere a la sanción. En el caso de que un candidato se niegue a participar en los debates, el proyecto establece que dejará de recibir el aporte económico que otorga el Estado para las elecciones nacionales, de 87 unidades indexadas, unos 349 pesos, por cada voto emitido. Según Chiazzaro, si en el proyecto se define, por ejemplo, que se harán dos debates, a este artículo “habría que cambiarlo”. Dentro del oficialismo hay diferentes posiciones sobre este proyecto de ley. El diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo, se mostró a favor de la iniciativa y de promover que se hagan más debates entre los precandidatos. Para él, el proyecto tiene que hacer “énfasis” en las propuestas programáticas, de modo de no propiciar el “escándalo” y que se “desnaturalice” el objetivo.
Otra es la postura del diputado José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, quien adelantó que “no está de acuerdo” con la propuesta. El legislador opinó que no se puede “obligar” a debatir a los candidatos presidenciales y manifestó que la decisión de debatir tiene que ser “parte de la libertad de los actores políticos y partidos”. Por otro lado, señaló que el candidato del oficialismo “sale perdiendo” frente a los demás de la oposición. “El candidato del FA representa a 50% del electorado uruguayo pero va a tener el mismo tiempo que los demás, y los otros candidatos en conjunto se pueden alinear en contra de lo que él dice. Son cuatro contra uno”, argumentó.