No tardaron en hacerse oír las repercusiones del dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) sobre el uso de tarjetas corporativas por parte del senador Leonardo de León (Lista 711) cuando estuvo al frente de Alur. El diputado José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay (AU) y uno de los vicepresidentes del FA, enfatizó en diálogo con la diaria que desde la presidencia de esa fuerza política respaldan “con todas las letras” el dictamen del TCP. Considera que el informe “es muy claro” y espera que el Plenario Nacional del 15 de diciembre, en el que se tratarán ese y otros 16 dictámenes del tribunal (incluyendo el referido al ex vicepresidente Raúl Sendic), resuelva en consonancia. Asimismo, planteó la importancia de que el oficialismo ratifique que uno de los componentes de su identidad es la ética.

El diputado Alfredo Asti, también de AU, opinó que hubo un “claro apartamiento” del debido uso de los recursos públicos por parte de De León. Si bien el diputado recordó que al senador no se le pudo imputar ningún delito, dado que Alur es una sociedad anónima regida por el derecho privado y sus jerarcas no son considerados funcionarios públicos, eso “no cambia que se le puedan imputar señalamientos éticos”.

Un mes atrás, el senador Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, y el ex presidente José Mujica se reunieron con Sendic para conversar sobre su futuro político, luego de que su grupo, Compromiso Frenteamplista, anunció que encabezaría su lista al Senado el año próximo. Sobre la posibilidad de tomar un camino similar en el caso de De León, Castillo dijo a la diaria que “sin lugar a dudas” el oficialismo deberá hablar con los integrantes de la lista 711 para buscar una “salida unitaria” y de “consenso” sobre estos dos casos. “Ahora, más que nunca, son los propios sectores del FA los que tienen que ir construyendo una lectura común para poder llegar al Plenario Nacional con una resolución, aun sabiendo que es difícil, que es delicado, pero no menos cierto que estamos frente a un tema que es parte de la cédula de identidad del Frente: la cuestión ética”.

Para Castillo, recibir la noticia del dictamen después del Congreso del FA fue un “mazazo”, pero entiende que de algún modo “trae a tierra” al oficialismo. “Es un gran problema que tenemos como FA, y tenemos que buscar todos los mecanismos para resolverlo”, opinó, y agregó que lo que le preocupa es “la unidad del FA, la credibilidad de la izquierda y la construcción del triunfo del cuarto gobierno”.

El diputado Saúl Aristimuño, de la 711, criticó la resolución del TCP y afirmó que no sólo está “fuera de lugar”, sino que también es “inoportuna”. En su opinión, el organismo perdió “imparcialidad” y “objetividad”, además de que está “excediendo” sus competencias. Aristimuño cuestionó también que se haya “violado” la reserva que corresponde en estos casos, “lamentablemente exponiendo al compañero al escarnio público, sin necesidad alguna, como lo hizo también con Sendic”.

El legislador sostuvo que se está intentando “proscribir” tanto a De León como a Sendic y marcó que “los milicos fueron los únicos que prohibieron candidaturas”. En esa línea, planteó que “el FA, de seguir en este camino, va en rumbo de tener el triste privilegio de generar la proscripción de un compañero”.

Otras voces

A fines del año pasado, el Partido Independiente (PI) presentó una ampliación de la denuncia sobre el caso ANCAP y aportó información sobre los diversos gastos que hizo el senador De León cuando presidió Alur. En esa oportunidad, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el archivo del caso argumentando que, si bien De León había hecho un “uso discrecional” de las tarjetas corporativas e incurrido en conductas “contrarias al principio de probidad en la función pública”, no era posible tipificar delitos debido a la naturaleza legal de Alur y porque en la empresa no existía un reglamento sobre el uso de ese tipo de tarjetas.

El senador y líder del PI, Pablo Mieres, dijo a la diaria que el informe del TCP es “categórico” y “contundente”, y que deja al FA en evidencia por “defender lo indefendible”. En su opinión, el oficialismo tiene un problema doble: no haber sancionado en su momento a Sendic y que ahora se sume el caso de De León. “Nosotros hubiéramos expulsado tanto a Sendic como a De León, pero el FA no está manejando el mismo criterio en lo que refiere a los casos de corrupción”, dijo Mieres, y agregó que no tiene ninguna duda de que se trata de un caso de corrupción, porque “se usaron bienes públicos para beneficio personal”.

En la misma línea, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, se expresó ayer en Todo pasa, de Océano FM, y fue categórico: afirmó que si se juzga la conducta de De León a la luz de la Ley 17.060, que creó la Jutep, “no hay dudas” de que se trata de un caso de corrupción.

Sobre este planteo, Aristimuño retrucó que “tanto el presidente de la Jutep como el TCP deberían callarse la boca”, y consideró “un atrevimiento” que Gil Iribarne y el tribual frenteamplista se posicionen como un “supremo tribunal divino”, por encima de las decisiones del Poder Judicial y del Legislativo (donde no prosperó una moción de juicio político a De León).