Para algunos se trata de un endurecimiento de la política para preservar la seguridad pública; para otros, de una estrategia para evitar que el tratamiento parlamentario de la reforma del sistema jubilatorio termine en fracaso, o un intento de modificar la agenda previa a las elecciones. Son varias las interpretaciones que se le dan en Brasil a la decisión de Temer, que fue sorpresiva y que se aplica sobre un estado que últimamente ha sufrido episodios de violencia muy difundidos pero que no es el que muestra los peores indicadores de delincuencia.

De acuerdo con datos oficiales, en 2017 la tasa de homicidios en Río fue de 32 cada 100.000 habitantes, mientras que en Acre fue de 55 y en Río Grande del Norte, de 69. Sin embargo, es Río de Janeiro, sumido también en una crisis política y financiera, el estado que ha estado en el centro de la agenda de seguridad desde el año pasado. Analistas han señalado que esto puede obedecer a que Río tiene mucha visibilidad en Brasil –en parte porque es la sede del multimedio O Globo–, a que el crimen en Río es perjudicial para el turismo y a que el estado es gobernado por un compañero de Temer en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Luiz Fernando Pezão, cuyo respaldo ha llegado a mínimos históricos.

En todo caso, después de ordenar intervenciones puntuales del Ejército durante el año pasado, el gobierno sorprendió el viernes al anunciar que aplicaría una intervención federal, una figura que se utiliza por primera vez desde la promulgación de la Constitución de 1988. La intervención se mantendrá hasta el 31 de diciembre, día en el que termina el mandato de Temer.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención fue la falta de planificación. Para empezar, la decisión se adoptó sin recurrir al Consejo de la República y el Consejo de Defensa Nacional, órganos colegiados que reúnen a jerarcas del gobierno y el Congreso, que no son instancias obligatorias pero sí recomendables, y que serán consultados hoy. Pero además el interventor designado, el general del Ejército Walter Souza Braga Netto, reconoció que recién comenzará “una fase de planificación”. En la misma línea se manifestó el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

Dos días antes de la publicación del decreto, el secretario de gobierno, Carlos Marun, decía que el Ejecutivo “no puede asumir para sí la responsabilidad de la seguridad pública” ni “transformar a las Fuerzas Armadas en fuerzas de intervención rápida”. Sin embargo, Temer no sólo ordenó la intervención militar de Río, sino que además anunció que creará el Ministerio de Seguridad Pública, un área que es dependiente de cada estado. En una conferencia, el sábado, el presidente no hizo ninguna precisión, ni sobre la intervención ni sobre la nueva cartera.

Durante el fin de semana se vio intensificada la presencia del Ejército en Río de Janeiro, pero desde el gobierno se informó ayer que mientras el Congreso no ratifique el decreto, para lo cual tiene un plazo de diez días, la intervención no se concretará completamente. De acuerdo con las pocas características que adelantó Jungmann el viernes, el Ejército estará presente en las calles de Río, y Braga será el responsable de todas las fuerzas de seguridad del estado. También aclaró que, a diferencia de otras decisiones que podría haber adoptado el gobierno, esta no implica ninguna restricción de derechos.

Sin embargo, el tema de los derechos está muy presente para la oposición y las organizaciones civiles cariocas, que rechazaron la intervención. Medios brasileños repasaban ayer la falta de avances en varias investigaciones abiertas el año pasado por denuncias por abusos contra el Ejército en Río de Janeiro. Especialistas advierten que, además, esta será la primera vez que los militares no serán supervisados por un civil, sino por un integrante del Ejército.

Otras agendas

La decisión adoptada por Temer no sólo afecta a Río y su seguridad, sino que también alcanza a la agenda electoral y el funcionamiento del Congreso.

Personas cercanas a Temer dijeron a la cadena O Globo que con esta decisión el mandatario busca aumentar su popularidad y las perspectivas electorales de un eventual candidato oficialista.

Además, de esta manera se pone el tema de la seguridad en el centro de la agenda, lo que tiene dos consecuencias: le resta visibilidad a la campaña del Partido de los Trabajadores para que sea candidato el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, y le quita fuerza a la candidatura del conservador Jair Bolsonaro, segundo en intención de voto, que venía haciendo de la seguridad su tema más fuerte. El sábado, Bolsonaro consideró que el decreto es “una burla” porque no incluye modificaciones de leyes que “protegen a los marginales”.

Pero otra consecuencia de la intervención afecta directamente al Congreso: mientras esta esté vigente, no podrán votarse reformas constitucionales. Temer pretendía que en febrero se aprobara la reforma del sistema jubilatorio, que generó rechazos tanto en la oposición como en el oficialismo y en movimientos sociales de todo tipo. El rechazo es tal que no cuenta con los votos suficientes para obtener su aprobación en el Congreso, algo que ahora pierde importancia porque la reforma no podría votarse. Sin embargo, Temer dijo que si consigue el respaldo necesario levantará durante algunas horas la intervención para que la reforma se vote, algo que varios juristas ya advirtieron que podría ser, por lo menos, irregular.