Los venezolanos han llegado de a miles a países de la región, pero los que han recibido a la mayor cantidad son Colombia y Brasil, estados limítrofes que han adoptado medidas para contener la inmigración, particularmente la ilegal. Según datos oficiales, en los últimos años han llegado a Colombia 550.000 venezolanos y a Boa Vista, la capital del estado brasileño de Roraima, limítrofe con Venezuela, 40.000, lo que equivale a 10% de la población local.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Colombia visitar la frontera que la separa de Venezuela para evaluar la situación de los migrantes que llegan a ese país. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó que también dialogará con las autoridades colombianas “sobre las respuestas que han sido construidas para manejar un desafío tan grande”.

De acuerdo con datos oficiales de Colombia, la inmigración de venezolanos ya se estaba incrementando –fue de 290.000 en 2014, 329.000 en 2015 y 379.000 en 2016–, pero tuvo un salto en 2017, cuando trepó a casi 800.000 personas. Según las autoridades, unos 550.000 venezolanos migraron a Colombia en los últimos años, pero esas son las personas que pasaron por una oficina de Migraciones al ingresar al país; organizaciones civiles y expertos advierten que la cifra total puede llegar a dos millones de personas.

Ante esta situación, el presidente, Juan Manuel Santos, adoptó una serie de medidas, que están en vigor desde el viernes, con el objetivo de que “la entrada de venezolanos sea controlada, ordenada y dentro de la legalidad”. Las nuevas medidas implican que los venezolanos podrán ingresar a Colombia sólo si tienen pasaporte –algo que es difícil porque las autoridades venezolanas no están otorgando este documento fácilmente– o la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que permite que se pase de un lado a otro de la frontera libremente. Esta tarjeta, creada hace un año, ya no se expedirá porque los venezolanos la usaban para ingresar a Colombia e instalarse, sin volver a su país.

Además, el gobierno colombiano conformó un grupo interinstitucional, integrado entre otros por la Policía y Migraciones, para que recorra las ciudades de frontera de forma de evitar que los inmigrantes vivan en las calles, y anunció un incremento en la presencia militar en la frontera. Los venezolanos podrán seguir solicitando el Permiso Especial de Permanencia, que les permite acceder a un trabajo y al sistema de salud, así como a otros servicios públicos. También se pide a quienes se establezcan en Colombia, sin importar si ingresaron legalmente al país, que se registren en algunas oficinas públicas para contar con información estadística sobre ellos, dijo el director de Migraciones, Christian Krüger. Por último, Colombia instalará, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas, un Centro de Atención al Migrante que podrá recibir hasta a 2.000 personas y que será ampliado más adelante, en la ciudad de Cúcuta, donde se concentra la mayoría de quienes llegan al país.

También Brasil anunció que aumentaría los controles en la frontera con Venezuela para evitar la inmigración ilegal y que formará un grupo de trabajo para coordinar la llegada masiva de venezolanos al norte del país. El presidente, Michel Temer, viajó a la ciudad de Boa Vista, la capital de Roraima, estado fronterizo con Venezuela, donde se reunió con autoridades locales y regionales. Boa Vista tiene 320.000 habitantes y sólo en los últimos meses recibió a 40.000 venezolanos, lo que hizo colapsar sus sistemas de atención para los inmigrantes, especialmente en cuanto a refugio. Esto lleva a que las personas que llegan, incluso las familias, se instalen con sus pertenencias en las calles y otros espacios públicos.

“Hace falta un control en la frontera. No se trata de impedir la entrada, sino de saber quién está llegando”, dijo la alcaldesa de Boa Vista, Teresa Surita, antes de reunirse con Temer. “Sobre todo por un tema de salud pública. Empiezan a llegar enfermedades que ya habían sido erradicadas, como la difteria, que ya ha provocado la muerte de un niño”, agregó.

El gobierno brasileño todavía no adoptó medidas, pero Temer aseguró que “no faltarán recursos para solucionar la crisis de los venezolanos” en Roraima. Entre otras alternativas, se maneja la posibilidad de repartir a los inmigrantes entre varios estados vecinos para reducir el impacto que implica su llegada sobre los espacios y servicios públicos.