Muchas voces provenientes del sistema judicial y de juristas de Brasil se pronunciaron en los últimos días sobre el hábeas corpus que juzgará hoy el Supremo Tribunal Federal (STF), el recurso que pide que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sea detenido hasta que la condena en su contra sea ratificada por los máximos tribunales del país.
Pero ayer la situación del ex presidente dio lugar a otras declaraciones que amenazaban con un levantamiento militar. Un general retirado, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, dijo al diario O Estado de São Paulo que si Lula no es detenido el único camino posible es el de la intervención militar, que “sin dudas va a causar derramamiento de sangre”, porque “ahí es deber de las Fuerzas Armadas restablecer el orden”. Lessa dijo que “el jefe de una organización criminal ya juzgado y condenado a más de 12 años de prisión” no puede llegar a ser presidente, y que una situación así generaría una crisis que “sólo puede resolverse mediante las balas”.
Después de estas declaraciones del ex presidente del Club Militar, que reúne a retirados, el Ejército emitió un comunicado en el que manifestó que la de Lessa es la “opinión personal” del general y que la institución mantendrá su actuación “dentro de los parámetros legales”.
En el ámbito judicial las posiciones están más que divididas. Fueron enviadas dos cartas ante el STF, enviadas por dos grupos de jueces, abogados y otros trabajadores de la Justicia, con miles de firmas, una para solicitar que Lula sea detenido y otra para que se lo mantenga liberado hasta que no pueda presentar más recursos. La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, dijo que si el STF dispone que Lula vaya a prisión recién cuando agote todos los recursos, el sistema judicial estará “aniquilado”, porque “una Justicia que tarda es una Justicia que falla”. Por su parte, el jefe de los fiscales que investigan la corrupción en Petrobras, Deltan Dallagnol, dijo que rezaría a la espera de un fallo que consideró clave para “la guerra santa contra la corrupción”.
Además, se pronunciaron el propio Lula y la presidenta del STF, Cármen Lúcia. El ex presidente pidió, en un acto en Río de Janeiro, que el STF le “devuelva su inocencia”, y también aseguró que aunque él vaya a prisión, no serán encarcelados sus “pensamientos” ni sus “sueños”. Por su parte, la jueza pidió que se respete la decisión judicial, sea cual sea, y que se actúe con “serenidad” para evitar el “desorden social”.
Hay pocos indicios sobre cuál será el pronunciamiento del STF. Lula fue condenado por el juez de Curitiba Sérgio Moro a nueve años de prisión por considerar probado que recibió un apartamento como forma de soborno a cambio de favores políticos por parte de la constructora OAS, en el marco del esquema de corrupción de Petrobras. La condena fue ratificada en enero por un tribunal que aumentó la pena a 12 años de prisión, pese a los argumentos de los defensores de Lula de que no hay evidencia que respalde el fallo de Moro.
El STF debe decidir si Lula es detenido ahora o si hay que esperar hasta que el proceso en su contra termine de forma definitiva, cuando ya no queden recursos posibles. La Constitución no es clara en este sentido, pero en un fallo preliminar de 2016 el STF definió, en una votación muy apretada, que el cumplimiento de la condena debe empezar cuando esta es ratificada, y no posteriormente. Ese fallo no fue definitivo porque requería una segunda votación, y la presidenta del órgano se ha negado a que se vote nuevamente por el caso de Lula, pero es el criterio que está en vigor actualmente.
Medios brasileños advirtieron ayer que hay magistrados del STF que pidieron que se postergue la consideración del hábeas corpus de la defensa de Lula y que, en su lugar, se someta a votación definitiva el tema de que se empiece a cumplir la pena de prisión tras una ratificación de la condena en tribunales de segunda instancia.
Algunos magistrados manifestaron que cambiarán su voto con respecto a la decisión de 2016, pero la votación parece estar empatada y se considera clave el dictamen de la jueza Rosa Weber, que fue designada para el STF por la ex presidenta Dilma Rousseff. La magistrada ha sido presionada por unos y otros, pero según dijeron sus allegados a medios brasileños, es una “fortaleza” que no se dejará condicionar.
Una vez que el STF dé a conocer su decisión sobre el hábeas corpus, Moro puede emitir una orden de detención contra Lula, que se cumpliría de manera inmediata. El juez que es la cara visible del caso Petrobras dijo la semana pasada que si el STF acepta el hábeas corpus estaría adoptando una postura que “favorecería la impunidad” y haría necesaria una reforma constitucional para evitarlo.
Una agenda de movilizaciones comenzó ayer, cuando militantes del Partido de los Trabajadores (PT), del movimiento Frente Brasil Popular y de la Central Única de Trabajadores se reunieron para hacer una vigilia frente a la residencia de Lula, en São Bernardo do Campo, San Pablo. Para hoy están previstos actos en más de 25 ciudades de todo el país, incluido uno en la Explanada de los Ministerios, donde está la sede del STF, y otro en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de San Pablo, en donde Lula empezó su trayectoria como dirigente sindical y político.
