Una vez más la propuesta de eliminar los fueros parlamentarios está sobre la mesa. En esta oportunidad, el fiscal Jorge Díaz, en el marco de un evento que realizó el 16 de abril la Intendencia de Canelones, expresó que los casos de corrupción se deben “sancionar” con la “gravedad” que la sociedad demanda. Y agregó: “¿Qué razón tienen en el siglo XXI los fueros parlamentarios? Hay que eliminarlos o limitarlos, porque si no una decisión que debe ser jurídica termina siendo política”.

El líder nacionalista Luis Lacalle Pou aprovechó la oportunidad para dar un nuevo impulso a un proyecto de ley constitucional que presentó en 2011 y 2016, sin suscitar mayores adhesiones. La iniciativa apunta a modificar la Constitución (y por tanto deberá pasar necesariamente por un plebiscito) para limitar los fueros parlamentarios de los legisladores en los casos en los que “exista la presunción sumaria” de que cometieron delitos comunes. El senador argumenta –en el proyecto– que no se puede justificar la “existencia de inmunidades legislativas que impidan un procesamiento penal” de los parlamentarios.

Por su parte, los senadores del Frente Amplio (FA) propondrán crear una comisión con representantes de todos los partidos políticos para analizar este y otros proyectos que busquen transparentar la actividad de los políticos. De todas formas, el senador emepepista Charles Carrera indicó a la diaria que aún no existe una postura en la bancada del FA sobre la propuesta de Lacalle Pou. Para él, los fueros son “importantes”, y es necesario defender el artículo 112 de la Constitución, que establece que los legisladores “jamás” serán responsables por los “votos” y “opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”. Los fueros, explicó, se sustentan en la “debida protección de quienes representan al pueblo”, y agregó que son una “garantía” para el legislador. Subrayó que hay que tener “mucho cuidado” con este tipo de iniciativas porque pueden llevar al “desprecio de lo político”. El senador Lacalle Pou, agregó Carrera, busca “hacer política”, y eso puede perjudicar la “institucionalidad”.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, cree que hay que terminar con las “inmunidades indebidas” de los parlamentarios y considera que es muy “positiva” la propuesta de Lacalle Pou. Si bien en 2016 discrepó con la iniciativa, en esta oportunidad considera que hay que “corregir el impedimento de la intervención judicial cuando hay acusaciones formales de delitos comunes”. Sin embargo, alertó que tampoco se puede convertir en un “disfraz” para “perseguir políticamente” a los legisladores. “Un legislador que cometió un delito común no puede zafar”, agregó, y argumentó que Uruguay ya no se encuentra ajeno a la corrupción que hay en la región y que es necesario “tomar medidas concretas”.

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, manifestó que la iniciativa “es positiva”, pero no suficiente. Recordó que aún existen una cantidad de proyectos que buscan combatir la corrupción encajonados en el Parlamento. Según dijo, el sistema político “se tiene que sincerar” y traducir su compromiso en acciones concretas.