En la Cámara de Diputados de Argentina la oposición buscaba ayer, nuevamente, la aprobación de alguno de los proyectos que intentan moderar o congelar el aumento de las tarifas de los servicios públicos. El gobierno de Mauricio Macri anticipó que vetará cualquier iniciativa en este sentido, pero ya se conoce cuál será el próximo motivo de choque entre el oficialismo y la oposición en el Congreso: la reforma laboral.

El año pasado, el gobierno de Cambiemos ya intentó impulsar una dura reforma laboral, que finalmente retiró. Dio marcha atrás debido a la resistencia que generó esa iniciativa y a los conflictos que ya enfrentaba por la aprobación de la reforma de las jubilaciones. Pero desde entonces afirmó que volvería a intentarlo, y así lo hizo. El gobierno envió la iniciativa al Senado y el oficialismo buscará que a lo largo de mayo empiece su tratamiento en comisiones.

La reforma cuenta con tres proyectos principales que ya fueron criticados por el peronismo y la Confederación General del Trabajo (CGT). Uno de ellos permite a las empresas regularizar la situación de sus trabajadores, ya sea aquellos que están “en negro” o los que figuren con ingresos menores a los reales, lo que ha sido llamado “blanqueo” laboral en un paralelismo con el blanqueo de capitales que impulsó Macri al comienzo de su gobierno.

Las empresas no tienen que pagar nada por modificar la situación de sus trabajadores, y quedan automáticamente extinguidas cualquier acción penal, multa o sanción en su contra por este motivo, incluso aquellas que hayan sido impulsadas previamente por los empleados. Estos, además, no podrán iniciar nuevas acciones por esos años en los que no se les pagaron aportes. Este efecto del blanqueo sobre los trabajadores ha sido una de las principales críticas al proyecto del gobierno.

La oposición puso en duda desde el comienzo la efectividad de esta iniciativa. Argumentó que los empresarios están pidiendo medidas que les permitan paliar la situación económica y que la regularización les implicaría entrar en la legalidad pero, también, incurrir en más costos.

Otro de los puntos que más críticas generaron es el que modifica el sistema de indemnizaciones por despidos. La propuesta que el gobierno incluyó en la reforma laboral implica que, mediante los convenios colectivos, los distintos sectores deben crear fondos de cese laboral y definir si aportan sólo los empleadores o también los trabajadores. De esos fondos, que serían gestionados por los sindicatos en conjunto con el empleador, saldrían los recursos para pagar las indemnizaciones por despidos. Además, la fórmula para calcular esas indemnizaciones es modificada por la reforma de tal manera que excluye los premios y bonificaciones, y, por lo tanto, el pago se reduce.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que esta y las demás iniciativas buscan "generar un vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto". Por su parte, Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT, rechazó los cambios promovidos por el gobierno y dijo que “no hay confianza” en el Ejecutivo porque “primero dice una cosa y termina haciendo otra”, en referencia a un primer texto que se acordó el año pasado con el movimiento sindical y que después fue modificado en varias ocasiones.

Los otros dos proyectos que integran la reforma han generado críticas, pero no un rechazo tan fuerte. Uno crea un Sistema de Prácticas Formativas para estudiantes y recién graduados y regula el sistema de pasantías. El último crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud que, entre otras cosas, estará involucrada con algunos casos de licencia por enfermedad y será la voz consultada en los juicios laborales.