El director de Petrobras, Pedro Parente, se convirtió en un asunto central de debate en Brasil en los últimos días. Fue uno de los objetivos de las críticas de los camioneros, que generaron una crisis al parar y bloquear rutas durante diez días, y ahora exigen su renuncia los trabajadores de la petrolera estatal, que ayer comenzaron un paro de 72 horas.

El Ejército trabajaba ayer para retirar de la ruta a los últimos camioneros que todavía mantenían bloqueos después de que se debilitara su protesta. Reclamaban una rebaja del precio del gasoil, y consiguieron que el gobierno se comprometiera a implementarla, en una movilización que empezó con objetivos específicamente económicos y derivó en reclamos de intervención militar y de la salida del presidente Michel Temer del poder.

Ayer los trabajadores de 20 plataformas de Petrobras, agremiados en la Federación Única de Petroleros de Brasil, se sumaron a la paralización que mantienen algunos sectores de los camioneros. Los petroleros anunciaron que adoptarían esta medida en la madrugada, después de que la Justicia emitiera un fallo en el que anticipó que penalizaría esta movilización con multas por ser “aparentemente abusiva”.

El dictamen llegó a raíz de una consulta presentada ante el Tribunal Superior del Trabajo por abogados de Petrobras y del Poder Ejecutivo que intentaban impedir que el paro se implementara. Establece que el daño que implica el paro para la “población brasileña” será “potencialmente grave” porque podría profundizar el desabastecimiento de combustible que se sufre en varios estados de Brasil.

Los trabajadores rechazaron esta posibilidad. Cibele Vieira, integrante de la dirección de la Federación Única de Petroleros, aseguró que los tanques de las refinerías están “repletos de petróleo” porque el paro de camioneros impidió su distribución en los últimos días. Y agregó: “Los responsables del caos que dominó al país tienen nombre y apellido: Michel Temer y Pedro Parente”.

La paralización de los trabajadores de Petrobras cuenta con el respaldo de las seis centrales sindicales más grandes de Brasil, entre ellas la Central Única de Trabajadores. A diferencia del caso de los camioneros, cuya reivindicación era más sectorial, la Federación Única de Petroleros reclama una reducción del precio del gas de uso doméstico y de los combustibles, el fin de la venta de activos de Petrobras y la renuncia de Parente.

El precio del gas en garrafa fue subsidiado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Esas administraciones entendían que utilizan este combustible las personas que no pueden acceder al gas por cañería –que tiene costos mayores de consumo, instalación y mantenimiento–. El gobierno de Temer dio por terminada esta política, al igual que otras que llevaban a Petrobras a cumplir un rol social más allá de sus objetivos empresariales. Al igual que el precio de los combustibles, el gas empezó a ajustarse de forma proporcional a los precios internacionales; así, en 2017 el gas en garrafa aumentó 17%, el porcentaje más alto desde 2002 (cuando el incremento fue de 34%).

Al igual que los camioneros, los petroleros cuestionan directamente el nuevo sistema de fijación de precios adoptado por Petrobras, que implica una ecuación en la que las únicas variables son los precios internacionales, la cotización del dólar y el margen de ganancia de la empresa –que busca reducir un importante déficit–. Impulsada por los precios del barril de petróleo y la cotización del dólar, la nafta acumuló en las primeras tres semanas de mayo un aumento de 13% y el gasoil, de 9,3%.

Los dos sectores en conflicto señalan al presidente de Petrobras como el responsable de este cambio y por eso los petroleros reclaman su salida del cargo. Parente fue designado por Temer cuando todavía ocupaba la presidencia de forma interina, en mayo de 2016, y su principal bandera, desde que asumió, es que mantendrá a la empresa estatal por fuera de las influencias políticas.

Este fue uno de los puntos que Parente subrayó el martes en una videoconferencia para analistas bancarios y ejecutivos, en su mayoría extranjeros, que dio en un intento de moderar el impacto de la caída en las bolsas que ha sufrido Petrobras como consecuencia de los conflictos. Los periodistas que escucharon la conversación –no podían participar– contaron que Parente dijo que en el caso de los petroleros “no hay razones sobre el régimen de trabajo vinculadas a la discusión” y que las reivindicaciones “son más de naturaleza política que laboral”. Además, aseguró que se mantendrá el sistema de establecimiento de precios. Reivindicó que Petrobras se mantiene “libre” para fijarlos y que el gobierno no “utilizará políticamente” esa potestad.

Las medidas de protesta no son respaldadas únicamente por camioneros y petroleros: según una encuesta de Datafolha, 87% de los brasileños respalda la paralización y 56% considera que debe continuar. Por su parte, la privatización de Petrobras, o la venta de activos para avanzar en ese sentido, es rechazada por 55% de la población.