En los próximos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores iniciará una ronda de consultas sobre un documento base para la firma de un tratado vinculante en materia de empresas transnacionales y derechos humanos. Así lo anunció este martes la directora de Derechos Humanos de la cancillería uruguaya, Daniela Pi, durante un conversatorio sobre “Poder corporativo, democracias y derechos humanos”, organizado, entre otros, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización ambientalista Redes - Amigos de la Tierra y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo.

A impulsos de la presidencia ecuatoriana en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un grupo de trabajo de este organismo comenzó a discutir una propuesta de regulación vinculante para prevenir violaciones a los derechos humanos por parte de empresas transnacionales. La ONU ya aprobó 31 principios rectores de la actividad de estas empresas, que establecen el deber del Estado de proteger frente a abusos por parte de las empresas transnacionales, la responsabilidad de estas de respetar los derechos humanos, y el compromiso de los estados de garantizar el acceso a la Justicia y la reparación de las víctimas. Sin embargo, estos principios no son de cumplimiento obligatorio para los estados y las transnacionales.

En la próxima sesión del grupo de trabajo de la ONU, que tendrá lugar en octubre en Ginebra, empezará formalmente la negociación del instrumento en base a un documento elaborado para la discusión, que refleja los aportes de distintos estados sobre el tema. Establece como principios, entre otros, la primacía de las obligaciones vinculadas a los derechos humanos por sobre las disposiciones de los acuerdos de comercio e inversión; la obligación de los estados de hacer una evaluación de impacto en materia de derechos humanos de forma previa a la suscripción de acuerdos de comercio e inversión, y en caso de constatar incompatibilidades, abstenerse de firmar los acuerdos; y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por actos privados cuando este no actúe con la debida diligencia para prevenir y castigar. Establece también como deberes de los estados, entre otros, adoptar medidas para garantizar que los contratos públicos se adjudiquen a licitadores que no tengan antecedentes de violaciones o abusos a los derechos humanos; e imponer sanciones administrativas, civiles y penales en caso de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y sus representantes.

Polarización y consensos

Uruguay todavía no fijó una posición. La directora de derechos humanos de la cancillería aseguró que nuestro país apoya “el proceso”, aunque ha marcado su discrepancia con la forma en que se organiza la discusión en el grupo de trabajo. “La composición no ayudó mucho a un debate. Lo hablamos con la delegación ecuatoriana en Ginebra: [precisamos] expertos que presenten los dos puntos de vista, a favor y en contra del proceso, para poder incluso nutrir la contraargumentación. Los paneles siempre fueron con expertos que eran favorables al proceso, y eso en los hechos generó cierta polarización”, opinó la directora. Añadió que la polarización no es exclusiva de ese grupo de trabajo, sino que se nota en general en la ONU en temas vinculados a los derechos humanos, y eso “hace más difícil el consenso”. Comentó que la Unión Europea es contraria a la iniciativa tal como se ha definido, que Estados Unidos ni siquiera participa, que Rusia tiene “cierto escepticismo” y que China “hizo una intervención genérica diciendo que sus empresas, sea donde sea que trabajen, respetan los derechos humanos”. En ese sentido, advirtió que si el tratado sólo es firmado “por un grupo pequeño de países, en los hechos no va a tener el impacto que se busca”.

“Uruguay ha apoyado este proceso porque creemos que es importante debatir sobre el tema y porque no nos es ajeno que la iniciativa sea proveniente de un país amigo, de la región. Normalmente Uruguay le da un espaldarazo a las iniciativas de la región, pero nuestra posición tiene que ser elaborada sobre la base de la opinión de muchos actores relevantes, porque es complejo el tema”, señaló Pi.

Además, consideró que Uruguay puede avanzar en la legislación nacional mientras no se aprueba el tratado. “No necesariamente estamos obligados a tener un tratado jurídicamente vinculante. Está bien que eso siga en marcha, pero en el proceso hay mucha cosa que podemos hacer con lo que ya tenemos”, evaluó.

Por su parte, Alberto Villarreal, de Redes, afirmó que el tratado vinculante no va a solucionar “todos los males del planeta ni va a recuperar el poder que nos sacaron las transnacionales”. “Pero entendemos que es un granito de arena en ese sentido, sobre todo en países como los nuestros, que están ávidos de inversión extranjera. Que todas las empresas, vengan del lugar que vengan, se tengan que atener al mismo estándar alto en materia de derechos humanos, y no que estemos compitiendo con los vecinos por atraer inversiones bajando todos los estándares laborales y ambientales”, indicó. Villarreal recordó que a partir del año que viene Uruguay tiene voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y remarcó que “tiene un papel importante que jugar allí”.