Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, le inició un juicio al Banco República (BROU) por daños y perjuicios, a raíz de los sucesos que se desencadenaron luego de que en 2013 se hiciera cargo del aval que la empresa Cosmo no pagó por la frustrada subasta de los aviones de Pluna. El empresario pidió que se le restituya lo pagado hasta el momento (cerca de cuatro millones de dólares, del total de 13 que le correspondía abonar) y que se lo indemnice con un millón de dólares por “daño moral”. Además, pidió que se le abone por lucro cesante un interés de 7%, calculado sobre el importe de las cuotas pagadas.

La audiencia de primera instancia tuvo lugar el 14 de junio en el Juzgado Letrado Civil de 20º Turno. El testigo por la parte de López Mena fue el periodista Guillermo Lussich, asesor de comunicación del empresario. Según consta en el audio de la instancia judicial, al que pudo acceder la diaria, Lussich señaló que luego del remate de los aviones el BROU le “exigió” al empresario que se hiciera cargo del aval y que, aunque él entendía que no debía encargarse, de todas formas lo hizo. Pero en noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucionales los primeros tres artículos de la ley de Pluna (18.931) y, por tanto, entre otras cosas, se declaró inconstitucional la subasta de los aviones. Según Lussich, en aquel momento López Mena entendió que tenía derecho a que el BROU le retornara el dinero que había pagado por el aval.

Según el testigo, el empresario resultó perjudicado, dado que, cuando todavía no había pagado la primera cuota del aval, y al entender que no debía hacerlo, en “declaraciones de las autoridades” del BROU a la prensa se señalaba que iban a pasar a López Mena a “clase morosa”. Para Lussich esto trajo un perjuicio “económico y financiero” para el empresario, no sólo con el BROU, sino también con “entidades financieras privadas”. “Se llegó a hablar de que la empresa no iba a poder hacer frente a proveedores de toda índole. Además, se dijo que la empresa estaba al borde del concordato. Eso fue un daño reputacional muy importante”, sostuvo el testigo. Agregó que por este motivo la compañía tuvo que hacer ajustes con distintos proveedores, con reprogramación de pagos. También señaló que la situación de López Mena fue “una bola de nieve que se fue retroalimentando” con versiones de la prensa, que le trajeron daño “social y personal”, y que incluso “tuvieron que ponerle custodia policial”.

“Yo admiro la fortaleza del individuo [López Mena], porque si contamos las tapas en los medios de comunicación con una persona no política, del ámbito empresarial, yo no recuerdo en toda mi carrera periodística que se haya puesto el énfasis que se puso sobre la figura de una persona”, sostuvo Lussich. Agregó que incluso supo de episodios que vivieron los hijos de López Mena en la escuela, “que tenían que soportar lo que se decía de su padre”. “Fueron momentos muy difíciles, incluso para caminar en la calle con él”, aseguró.

Por último, Lussich señaló que, dado que Buquebus es una empresa concesionaria del Estado, el revuelo mediático lo sufre “hasta el día de hoy”. Puso como ejemplo que si se leen las actas de la discusión en la Cámara de Senadores, cuando se aprobó el proyecto de enajenación del dique Mauá –el proyecto arquitectónico está a cargo de López Mena–, se demuestra que volvieron a aparecer los “episodios” de 2013.

La historia oficial

Como testigo del BROU, en la audiencia compareció María Rosa Parafita, gerenta ejecutiva del servicio jurídico de esa institución, quien señaló que el banco interpretó que la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ “no tiene como consecuencia la nulidad del remate”. Por tanto, cuando López Mena intimó al banco a rescindir el convenio de pago que habían firmado y que le devolviera lo que había abonado, el BROU le señaló que seguía vigente. Más adelante, según la testigo, López Mena dejó de abonar unas cuotas y luego arregló una fórmula de pago sin renunciar a su posición de que “el convenio debería caer”. Parafita agregó que el banco le bajó la categoría al empresario y lo señaló como deudor, porque “es la consecuencia lógica de cualquier incumplimiento”. Dijo que López Mena no figuraba personalmente como cliente del banco, sino su empresa (Los Cipreses); por tanto, se lo calificó a él personalmente “en forma similar a la de sus empresas, porque era la primera vez que operaba con el banco”.

En cuanto a las declaraciones a la prensa de jerarcas del BROU, Parafita indicó que desde el banco “obviamente” no salieron a hacer declaraciones, sino que “muchas veces los periodistas se enteraron por trascendidos”. Por último, dijo que, luego de que López Mena volvió a pagar las cuotas y se empezaron a registrar los cumplimientos, su calificación subió.