La Cámara de Senadores aprobó ayer varias modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) que entró en vigencia a fines del año pasado, como la obligatoriedad de la prisión preventiva en ciertos casos y la limitación de los delitos en los que la defensa y la Fiscalía pueden llegar a un acuerdo. “Estos cambios fueron aprobados por una amplia mayoría de los senadores, lo que da una pauta de la seriedad que tienen. Los únicos que se opusieron fueron algunos pocos actores marginales del sistema de administración de Justicia, como los jueces, los abogados y los fiscales. Pero los políticos, que somos los que realmente sabemos del tema, estamos casi todos de acuerdo”, aseguró un legislador del Partido Nacional. Desde que se aprobó el nuevo CPP en 2017, el Ministerio del Interior (MI) mantiene una polémica con el Poder Judicial, ya que entiende que la norma provocó un aumento de los delitos. Es por esto que el apoyo de los legisladores del Frente Amplio (FA) a los cambios aprobados ayer fue considerado por muchos como el resultado de una presión por parte del MI. Desde el oficialismo negaron esta posibilidad. “El MI no impuso nada a la bancada. La imposición vino por el lado de las encuestas, que dicen que la gente quiere que se les dé más palo a los chorros. Hay que entender que falta cada vez menos para las elecciones, así que la cosa no está como para andar ignorando esos datos. A Bonomi sí, pero a las encuestas, jamás”, declaró un senador del FA.