Mientras la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado estudia un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que obliga a dar empleo a las personas con discapacidad en las empresas que tengan al menos 25 trabajadores, el propio Estado se muestra aún muy lejos de cumplir con el artículo 49 de la Ley 18.651, aprobada en 2010, que establece la reserva de por lo menos 4% de las vacantes generadas anualmente para el ingreso de personas con discapacidad idóneas para los cargos correspondientes.

El informe “Ingreso de personas con discapacidad en el Estado 2017”, que fue entregado el sábado como adjunto a la Rendición de Cuentas, indica que, en el total de quienes ingresaron por vacantes generadas en el Estado durante 2017, sólo 85 personas tenían algún tipo de discapacidad, lo que representa 1,3%. De todos modos, la cifra marca un récord: nunca se había registrado un ingreso tan grande de personas con discapacidad al Estado. Como se puede ver en la gráfica, el acceso de esa población a la función pública suele aumentar a medida que se acercan los años electorales.

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Sólo ocho organismos alcanzaron el mínimo previsto por la ley: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Antel y las intendencias de Canelones, Durazno, Maldonado, Montevideo y Tacuarembó. El informe destaca que otros ocho organismos también incorporaron a personas con discapacidad, pero en 4% de las vacantes, pero el año pasado un porcentaje menor al establecido por la ley: Presidencia, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Correos, y las intendencias de Cerro Largo, Flores y Florida.

Los gobiernos departamentales fueron los que estuvieron más cerca de cumplir con la cuota mínima establecida hace ocho años, ya que en ellos 3,1% de las vacantes generadas fueron ocupadas por personas con discapacidad. Este porcentaje bajó a 1,1% en los organismos del artículo 220 de la Constitución (entes autónomos, servicios descentralizados, Poder Judicial y Corte Electoral, entre otros) y llegó a su mínima expresión en los organismos públicos no estatales, con 0,1% (ver el gráfico).

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El documento destaca que, por primera vez, en el ingreso de personas con discapacidad se alcanzó la “paridad” entre hombres y mujeres. Y si bien esta no es exacta, estuvo muy cerca de serlo. De 85 personas que ingresaron al amparo de esta ley, 51% fueron hombres y 49% mujeres. En términos de edad, 45% de las personas con discapacidad que ingresaron tenían de 18 a 29 años; 43%, de 30 a 45 años; y 12%, 46 años o más.

El informe también destaca que la mayor parte de las discapacidades de quienes ingresaron a la función pública son, como en años anteriores, motrices. Del total de 85 personas que ingresaron, 15 tienen limitaciones en su visión; 22 en miembros superiores, inferiores o ambos, 15 en audición y/o habla, y solamente 12 tienen discapacidades “intelectuales” y “psíquicas”. También del total, la mayoría (43 personas) desempeña cargos administrativos, o de servicios o auxiliares (24).