El proyecto de ley que autoriza la enajenación de los padrones 7.751 y 6.177 de la rambla Sur de Montevideo, en el predio del dique Mauá, para la construcción de una terminal fluvio-marítima, está muy cerca de ser aprobado. En marzo de 2016, la empresa Los Cipreses, del grupo Buquebus, presentó un proyecto al Poder Ejecutivo para adquirir esos terrenos. En febrero de 2017 ingresó al Parlamento el pedido de autorización para proceder a la licitación pública y posterior venta de los padrones. En diciembre de 2017, la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa y este mes la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes hizo lo propio, con el voto en contra del Partido Colorado. Ahora sólo resta que el plenario de esa cámara dé el visto bueno para que el Ejecutivo proceda a vender los predios de la rambla Sur a una empresa privada.

El proyecto aclara que el Estado “conservará derecho real de uso sobre las instalaciones en los edificios a construirse que se destinen al cumplimiento de cometidos esenciales, servicios públicos u otros a su cargo en la terminal fluvio-marítima”, y que la venta “no podrá afectar” al Monumento Histórico Nacional Usina de la Compañía de Gas ni al dique seco Barón de Mauá.

En la Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA) algunos militantes dieron a conocer en las últimas semanas su molestia y preocupación por la situación. El arquitecto y ex intendente de Montevideo, el edil Mariano Arana (Vertiente Artiguista), quien ya había expresado reparos al proyecto ni bien se presentó en 2016, dijo a la diaria que procurará reunirse con los legisladores en los próximos días para hablar del tema. “Muchos frenteamplistas de toda la vida estamos muy preocupados con esta propuesta”, afirmó.

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Julio Battistoni dijo a este medio que está "en contra de conceder a privados parte de la costa". "Me parece que el proyecto de ley que se votó no es correcto, que es incluso hasta ilegal”, advirtió, y aseguró que hay “una serie de normativas sobre la venta de terrenos sobre la costa” que volverían ilegal esta iniciativa. “Lo que correspondería, en todo caso, sería una concesión por algunos años”, acotó. De todos modos, consideró que instalar un puerto en la zona del dique Mauá “fracturaría la continuidad de la rambla, que además está declarada Monumento Histórico”.

En Uruguay, las costas y las ramblas tienen un régimen especial de propiedad. En el Código Civil se establece que los puertos, ensenadas y costas del país son bienes nacionales de uso público. El Código de Aguas, en tanto, señala que integran el dominio público o fiscal todas las aguas que no estuvieran incorporadas al patrimonio de los particulares al 1º de marzo de 1979. Y en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 18.308 se menciona que no podrá “situarse ningún predio” dentro de las tierras “abarcadas por una faja costera de 150 metros de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la línea de ribera”. “En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 metros determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público. No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo”, sostiene la ley.

Entre los frenteamplistas de Montevideo circula un documento que sintetiza argumentos contrarios de los militantes de la coalición de izquierda a la propuesta de venta de los predios en la rambla. “Vender parte de la faja costera a una empresa privada y además extranjera, ¿no resulta una inconsecuencia para una fuerza de izquierda como el FA?”, se inquiere al inicio del texto. “Es de hacer notar que toda la faja costera de Montevideo, que va desde la escollera hasta el arroyo Carrasco, límite del departamento, fue declarada Monumento Histórico por la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, y refrendada por el Poder Ejecutivo en octubre de 1986”, se señala a continuación. “En todo caso ¿no es más beneficioso para los intereses nacionales que, en lugar de vender parte de la rambla Sur, se negocie una concesión prolongada y renovable, en caso de que la propuesta pueda evaluarse de interés público?”, se pregunta en el documento, pero inmediatamente se recuerda que “el interesado [en referencia a Juan Carlos López Mena] desea ser propietario para poder realizar una operación inmobiliaria en beneficio propio, al parecer la construcción y venta de un hotel de gran nivel y un gran centro comercial”.

Finalmente, en el documento se informa que la Mesa Departamental del FA de Montevideo resolvió el 25 de junio convocar a la agrupación departamental de la fuerza política por este tema, pero que todavía no se fijó el día.