La medida se adoptó porque desde el fin de semana las familias de los internos de la Unidad 1 ya no pueden ingresar más "paquetes" (comestibles, artículos de higiene personal y limpieza) y deben hacer las compras en el economato montado por la empresa asociada al Estado para la gestión de la cárcel. Para acceder a este servicio, las familias cargan dinero a través de Abitab y luego, mediante un sistema biométrico que reconoce las huellas, los internos pueden comprar.

Ante esta resolución, el domingo de noche comenzaron una huelga de hambre que culminó ayer de tarde, según confirmó a la diaria el comisionado penitenciario parlamentario, Juan Miguel Petit. Durante la protesta, según dijo, no hubo violencia, no se rompieron las instalaciones de la cárcel y no hubo funcionarios agredidos. Petit se reunió ayer con los delegados de los internos: “El martes recorrimos los sectores y vimos que había 735 personas en la huelga. Hoy [por ayer] nos reunimos con los delegados de los sectores y resolvieron levantar la huelga prácticamente en todos los sectores, quedaron sólo 30 personas que la sostienen. Definieron levantar la medida para evitar tensiones entre ellos, dificultades de relacionamiento y eventualmente violencia. Pero el planteo sigue sobre la mesa y esperan una respuesta”.

El Ministerio del Interior (MI) argumenta que se prohibió el ingreso de comida para “eliminar todo riesgo en el ingreso de materiales prohibidos que afecten el normal funcionamiento del establecimiento” y para evitar que las familias paguen “un costo innecesario sobre insumos que provee el sistema”.

Los internos, en tanto, habían manifestado en una carta que “vienen de barrios pobres” y que “muchas familias se juntan para cocinar y para hacer los paquetes y así reducir los costos”. “Esta nueva forma es muy cara, no todos pueden cargarnos plata, esto afecta a las familias más pobres”, señalaron.

Petit considera que son puntos “muy razonables y atendibles, por lo menos parcialmente”. Además de la comida, los internos reclaman “aumentar el horario de visita [pasaron de tener dos o tres días de visita en otras cárceles a tener una sola visita semanal de dos horas], aumentar la disponibilidad de los teléfonos públicos y aumentar los recursos y la capacidad de respuesta de los servicios médicos”.

Según Petit, la comida que ingresa en los días de visita es otro tema sensible: “Para el que está afuera puede parecer un detalle menor, pero para la persona que está privada de libertad, la familia –o lo que les queda de familia– es algo muy importante. Es un elemento afectivo muy fuerte”. Los internos piden que la empresa flexibilice su actitud. “Piden que les dejen entrar pizza, pascualina, esas cosas que cocinan sus madres. Son elementos cotidianos que revisados por el escáner no deberían ser una amenaza”, coincidió Petit.