La conciencia de las personas es un sagrado inviolable y en ella radican nuestras convicciones más profundas, las que hacen al sentido de la vida y por ende de las luchas en las que los seres humanos nos involucramos. El respeto de los procesos colectivos por sobre los impulsos o supuestas claridades individuales y el rechazo a lógicas mesiánicas o absolutistas forman parte –para algunos de nosotros– de ese núcleo de convicciones más básicas e íntimas. Principios como estos pueden, sin embargo, entrar en tensión con otros, que a veces, por decisiones colectivas, se ven cuestionados, dando lugar a complejos conflictos de valores. Estos sólo pueden tramitarse de forma sana cuando no se encubren ni se “resuelven” de forma dogmática sino que, por el contrario, dan lugar a procesos de discernimiento personal y grupal. El resultado puede implicar una incómoda combinación de acción colectiva, unitaria y disciplinada, con expresión libre del pensamiento discrepante y sus razones, o incluso derivar en la renuncia a un colectivo o función determinada. Este tipo de situaciones y dilemas son, como se sabe, habituales en la lucha política, y en particular en la actividad parlamentaria, en la que se suelen expresar mediante el interjuego entre “la voz” y “el voto”.

El momento actual plantea, sin embargo, algunos problemas previos o diferentes. Hemos conocido casos en los cuales se opta por votar distinto a lo que establece la decisión colectiva –aun cuando ese voto no cambie ningún resultado ni habilite un acto de pedagogía política– renunciando, a su vez, a argumentar seriamente la posición que se sustenta. El razonamiento es elemental, de “sentido común’’, y su centro de gravedad parece estar situado más en el individuo que en el proyecto o el colectivo: no quiero votar lo que no comparto, y si eso no cambia el resultado prefiero no hacerlo aun cuando el costo sea la ausencia de los argumentos que explican mi posición en el debate del que se trate. Esta actitud parece además resultar cómoda para las mayorías circunstanciales, que prefieren no dar lugar a una disidencia conceptual y priorizan la orientación pragmática de la acción: que se vote y se apruebe, sin más.

La mentada “solución”, en el caso del Frente Amplio (FA), parece ser una respuesta a un problema mal formulado. Es que, en opinión de algunos, la diversidad ideológica del FA estaría siendo perjudicial tanto para la acción del gobierno como para el posicionamiento público de la fuerza política. Según esta interpretación, el problema no sería sólo, ni principalmente, la acción dispersa y divergente de sus miembros, sino la existencia de matices o diferencias de concepción expresadas de forma pública. Se pierde de vista que esas mismas diferencias han contribuido tanto a densificar la discusión político-ideológica en Uruguay durante décadas, como al avance electoral de la izquierda, además de oficiar como vacuna contra el pensamiento único.

El camino que conjuga el silenciamiento de los argumentos y la acción disidente es lisa y llanamente un triple golpe a la libertad de expresión, la pluralidad ideológica y la unidad de acción, rasgos fundamentales en la constitución del FA. Prefigura, por tanto, una solución “posfrentista’’, que supone un cambio cualitativo en la política de la izquierda uruguaya y que debería discutirse con profundidad, honestidad y apertura. Algunos episodios me convencen de que estos modos no son anticipatorios de una construcción superadora, sino que más bien dan cuenta de cierta mimetización con formas tradicionales de la política. Estas lógicas se caracterizan por la disociación de la acción institucional respecto de las luchas sociales, la primacía de los dirigentes sobre los programas y las organizaciones, el sectorialismo corporativo, el empobrecimiento de los procesos de participación y decisión, y la tendencia a autoafirmarse mediante gestualidades vacías. Lo anterior se retroalimenta con un preocupante fenómeno de época que la política contrahegemónica no debería convalidar: la exacerbación de un pragmatismo posibilista (ideología burguesa si las hay), el embrutecimiento, la primacía de la imagen sobre la palabra y del marketing por sobre el debate ideológico y la construcción real de alternativas desde la base misma de la sociedad.

La danza de nombres que se ha desatado en torno al tema de las candidaturas vuelve también evidente este peligro, que nos aproximaría más a un modelo competitivo entre personas y sectores (como el que prevalece, desde hace mucho tiempo, en los partidos de la derecha uruguaya) que a una propuesta rica en ideas, militancias, estilos y enfoques. En este último episodio el problema es la colonización de las palabras de la política por un lenguaje pobre en ideas y alejado de las vicisitudes y necesidades del pueblo. No se trata de asustarse de estos debates ni de resolverlos “clandestinamente”, sino de procesarlos en marcos que –respetando a las personas, a los colectivos y en definitiva al proyecto de transformación social– centren la discusión en ideas, tanto adentro como afuera, sin que esto implique subestimar el papel de quienes las representarán en el proceso electoral.

La política de los “con voto pero sin voz” es una forma extrema del electoralismo, que tiene como contracara matizada a la política del “relato”: la que construye una narrativa (aunque esta no se condiga con lo que se hace) para legitimar una posición de poder o conseguir el éxito electoral. Estos riesgos, tan funcionales a la antipolítica (principal caballito de batalla del pensamiento conservador a nivel global), sólo pueden prevenirse con organizaciones fuertes, abiertas y participativas, con enfoques programáticos sólidos, y reconectando críticamente a la política de la izquierda con la vida cotidiana de las personas, con sus problemas reales y concretos, con sus anhelos y sus esperanzas.

La cultura dominante es individualista, competitiva y tiende a resolver los conflictos de forma violenta, obturando el diálogo y la confrontación de ideas. La política hegemónica reproduce y legitima estos mismos parámetros. El desafío de los agentes del cambio social siempre fue, es y será hacer política contrahegemónica, lo que implica además tener claro que no estamos a salvo y que debemos permanecer alerta ante posibles deformaciones.

En este contexto, uno de los principales obstáculos para enfrentar la ofensiva de las clases dominantes no es el debate ideológico en el seno del FA, sino su falta de profundidad y las formas perfilistas, personalizadoras y poco fraternas que por momentos adquiere la discusión. Esto debe ser especialmente tenido en cuenta en la etapa que se avecina. La política electoral es un capítulo importante de nuestra lucha, pero no lo es todo. En ella deben expresarse también, y de forma nítida, los principios, valores y propuestas alternativas que queremos impulsar en la sociedad, porque el cómo es, para nosotros, tan importante como el qué. Se trata de repensar la relación entre política, palabras y cosas, conscientes de que si no anunciamos ni construimos algo diferente, si no educamos o no somos creíbles, la política se vacía de contenido y el concepto de “cambio” es capturado por los que defienden privilegios de unos pocos. Porque cuando el pensamiento crítico y la acción colectiva duermen, siempre gana la derecha.

Gonzalo Civila es diputado del Partido Socialista, Frente Amplio.