El gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional una fuerte reducción del déficit fiscal, algo que ya desde el comienzo de su mandato se proponía hacer, y para lo que había recurrido a los despidos en el sector público. Ahora vuelve a elegir ese camino, con la publicación ayer de un decreto que congela las contrataciones en la administración pública y dispone el final de algunos convenios, lo que podría implicar que hasta 5.800 personas se queden sin trabajo.

El decreto publicado en el Boletín Oficial establece que, con excepción de algunos organismos –la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y el personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, no se podrán hacer “nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento” hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, dictamina que no pueden instrumentarse nuevas “bonificaciones, premios, incentivos o suplementos” para funcionarios y que los que ya se pagan deben ser reportados para que se evalúe su pertinencia e impacto presupuestario, de lo que puede derivar que sean eliminados. Otro gasto que las oficinas públicas deberán reportar es el de pagos extraordinarios por movilidad, gastos de comida o viáticos, a la vez que serán relevados los gastos vinculados con los autos oficiales, y suspendidos los procesos de compra o alquiler de nuevos vehículos.

Pero el artículo más polémico del decreto fue el tercero, que establece que el 1º de enero quedarán sin efecto los convenios de asistencia técnica firmados por cualquier oficina pública con universidades públicas o privadas y otras instituciones de enseñanza pública, y no podrán firmarse nuevos acuerdos de este tipo. El gobierno siempre consideró que durante administraciones anteriores hubo un abuso de estos convenios y que eran utilizados para incorporar militantes políticos al Estado. Estas contrataciones ya habían estado en la mira en 2016, cuando el gobierno decretó que se terminara con aquellos convenios que no hubieran sido renovados expresamente por las oficinas públicas. Esto redundó en unos 500 despidos.

De acuerdo con el diario Página 12, el Ministerio de Modernización informó que actualmente son 5.800 personas las que trabajan en el Estado mediante este tipo de convenios, pero desde la cartera se agregó que esas personas podrían seguir vinculadas por medio de otros contratos y no necesariamente serán despedidas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó rápidamente contra el fin de estos convenios y señaló que se está perjudicando a los funcionarios más débiles, porque son los que tienen una situación laboral más precaria. El secretario de la ATE porteña, Luciano Fernández, dijo que hay cerca de 60.000 personas que trabajan de forma cotidiana y dependiente del Estado pero mediante alguna forma de tercerización, como los convenios de asistencia técnica, las empresas monotributistas o la contratación de consultorías. Esos son los trabajadores más vulnerables que, a partir de las medidas de ajuste del gobierno de Macri, pueden ser desvinculados y quedar sin trabajo en un país en el que la tasa de desocupación alcanzó 9,1% en el primer trimestre del año, un aumento de 2% con respecto a 2017.