El candidato a la presidencia de Brasil por el Partido Democrático Laborista, Ciro Gomes, dijo que “por primera vez en la vida” sintió “vergüenza de ser brasileño” cuando se enteró del ataque cometido en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, contra un campamento de inmigrantes de ese país. Las personas que se alojaban en ese campamento, en el municipio de Paracaima, fueron expulsadas a la fuerza por los residentes locales, que destruyeron y quemaron sus pertenencias. “Este gobierno no está haciendo absolutamente nada. Es un gobierno criminal, irresponsable y el gran culpable de todo esto, incluso de la cultura de odio que se está diseminando”, dijo Gomes.

También otros candidatos que participaban el lunes en un encuentro en San Pablo fueron consultados por periodistas sobre lo ocurrido en Roraima y repudiaron el ataque, informó la agencia de noticias Efe. Es el caso de la dirigente comunista Manuela D’Ávila, que también vinculó el ataque con un “discurso de odio”, que atribuyó a algunos candidatos en campaña. D’Avila participó en el encuentro en representación de Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia de Luiz Inácio Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores.

Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña, opinó que el gobierno debe ayudar a Roraima a afrontar la llegada de inmigrantes, y que el país tiene que mantener su “tradición humanitaria” ante esta situación. Con esto último coincidió Henrique Meirelles, el candidato del partido del presidente Michel Temer, Movimiento Democrático Brasileño.

Por otra parte, Meirelles reclamó que Brasil endurezca su postura frente al gobierno venezolano, con políticas que no “favorezcan ese tipo de régimen”. Algo similar reclamó la dirigente ecologista y liberal Marina Silva, de Rede Sustentabilidade, y consideró que “Brasil ha abandonado políticamente [a los venezolanos]”.

La situación de la frontera se trasladó al ámbito judicial. El gobierno del estado de Roraima pidió el lunes al Supremo Tribunal Federal que impida la llegada de inmigrantes. En un comunicado citado por la agencia de noticias Reuters, manifestó: “Como consecuencia de los graves conflictos del fin de semana, el estado de Roraima presentó una petición urgente” que “busca la suspensión temporal de la inmigración venezolana a través de la frontera”. Un pedido similar había sido rechazado antes por el Supremo Tribunal Federal brasileño.

La Abogacía General de la Unión envió ayer a ese tribunal un documento en el que se pronuncia en contra del cierre de la frontera, que califica de una medida “contraria al orden jurídico nacional e internacional”. Además señaló que el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han enviado ayuda a ese estado e instalado campamentos para que pueda recibir a los migrantes. Según números oficiales, en el último año y medio llegaron a Roraima unos 50.000 venezolanos.

En respuesta a las autoridades de Roraima, que afirman que no pueden atender las necesidades de “salud y seguridad” que genera la llegada de personas desde Venezuela, el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, manifestó que el gobierno trabaja para “acelerar el proceso de transferencia” de migrantes a otras zonas del país. También decidió, después del ataque, reforzar la seguridad con el envío de 120 integrantes de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo especial de la Policía Federal.

Pero el gobierno ha descartado el cierre de la frontera. El ministro de Seguridad Institucional, Sérgio Etchegoyen, dijo que esa medida “es impensable, porque es ilegal” y, además, “no ayudaría en nada a la cuestión humanitaria”.