Durante unas seis horas el Senado argentino debatió ayer acerca del pedido del juez Claudio Bonadio de allanar dos viviendas y el despacho en el Congreso de Cristina Fernández. El juez investiga supuestos pagos de sobornos a cambio de contratos con el Estado durante el gobierno de la ex presidenta (2007-2015), el caso conocido como “los cuadernos de las coimas”.

La noche anterior, Fernández le había pedido al Senado que, para “terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamento”, diera su permiso. El aval de esa cámara es necesario porque los procedimientos se llevarán adelante en espacios protegidos por los fueros que tiene Fernández como senadora.

“A esta altura de las circunstancias no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio”, dijo la ex presidenta. Sin embargo, pidió que se respetara durante los procedimientos una serie de condiciones que fueron las que centraron el debate parlamentario, en el que la dirigente dejó claro que se considera a sí misma objeto de una persecución política ejercida mediante la acción de la Justicia y la exposición pública.

Por eso pidió que durante el operativo no hubiera cámaras de televisión ni fotógrafos y que estuvieran presentes sus abogados como garantes, así como un integrante del Senado en su despacho en el Congreso. Dijo que quiere asegurarse de que se intente recabar pruebas, y no “obtener imágenes o filmaciones” del interior de sus viviendas y de “los objetos que forman parte de ellas, al efecto de su posterior difusión mediática con intencionalidad política”. Pidió también que Bonadio “no rompa nada”, como sí lo hizo en áreas comunes del edificio en el que vive la presidenta en Buenos Aires.

Frente a ese edificio, durante la tarde y la noche de ayer se concentraron partidarios de Fernández en una vigilia a la espera de la votación en el Senado y, sobre todo, del procedimiento judicial.

La noche anterior, cuando Fernández envió su carta a la cámara, una multitud participó en una manifestación afuera del Congreso, en este caso para pedir el desafuero de la ex presidenta. Varios dirigentes de la alianza de gobierno, Cambiemos, habían convocado esa protesta, y uno de los principales impulsores fue Ricardo Benedetti, coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Ayer en el Senado, la bancada de Cambiemos se mostró contraria a establecer condiciones para los allanamientos. Argumentó que no se podía imponerle condiciones al juez, negó que existieran motivos para darle un tratamiento distinto a Fernández que a otro ciudadano, y reclamó que se facilite a la Justicia investigar este caso.

El justicialista Adolfo Rodríguez Saá argumentó que Fernández no es un ciudadano cualquiera y recordó otros procedimientos judiciales contra políticos y ex funcionarios. Mencionó la prisión preventiva del ex presidente Amado Boudou, a quien sacaron de su casa en pijama y descalzo mientras las cámaras lo filmaban, y el caso del ex secretario de Obras Públicas José López, trasladado con un “casco ridículo” que “a los empresarios no les ponen”.

Por su parte, Fernández hizo una defensa dura de sus motivos para pedir condiciones a Bonadio. Dijo que es inédito el allanamiento a un senador nacional, volvió a reclamar que se haga una auditoría de la obra pública y cuestionó la investigación en la que se la implica. “Somos todos hombres y mujeres grandes. ¿Me van a decir, mirándome a los ojos, que los que están hablando como [testigos] arrepentidos están diciendo la verdad?”, dijo.

Insistió en que el Poder Judicial y Bonadio en particular son utilizados como instrumentos de “persecución y proscripción de dirigentes”, y agregó: “Esto es un modelo regional, que podemos estar viendo en Brasil y en Ecuador”.

“Alguien dijo que esto [los allanamientos] le puede pasar a cualquiera”, dijo, y afirmó que “es mentira”, que no les pasa a quienes “votan lo que quiere el poder”. Agregó: “Estas persecuciones les pasan a los que con errores y con aciertos defendemos algo y creemos en algo”. Se dirigió a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y le dijo: “A usted misma, señora presidenta, le encontraron en su casa bolsos con dinero y nadie le allanó su casa”.

Finalmente, el Senado aprobó por unanimidad habilitar los allanamientos, y también –en este caso con mayoría de 47 votos a favor y 20 en contra–, señalarle al juez que debe cumplir con ciertas condiciones cuando los lleve a cabo. Entre esas condiciones se le pidió que no tome imágenes, y que en caso de que deba hacerlo como parte de la investigación se asegure de que no sean difundidas para “resguardar la intimidad” de la dirigente. También estableció que se resguarden objetos personales y se garantice la presencia de abogados.

Una vez terminada la votación, los senadores comenzaron a debatir un proyecto de ley de “extinción de dominio”, por la cual la Justicia podría declarar propiedad Estado los bienes o activos obtenidos por actos delictivos, por ejemplo, los que fueran producto de la corrupción.