Lo prometido es deuda: tal como avisó hace tres meses cuando anunció su salida del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a imponer una serie de sanciones a ese país.
La reanudación de las sanciones busca, por un lado, aislar económicamente a Teherán, al forzar a compañías extranjeras a cerrar sus negocios en ese país y, por el otro, lograr un “cambio de comportamiento” en el gobierno iraní, según dijo ayer un alto funcionario de la Casa Blanca a medios periodísticos. “Nuestra política no es forzar un cambio de régimen, sino modificar el comportamiento del régimen”, aclaró.
Todo esto con el fin último de presionar al país para negociar un nuevo pacto internacional “más amplio”. Es decir, uno que no se limite al programa nuclear de Irán, sino que englobe sus actividades en países como Yemen, Líbano y Siria. El funcionario de la Casa Blanca sostuvo que “terroristas, dictadores y milicianos” fueron los más beneficiados cuando se levantaron las sanciones. Los defensores del pacto –Irán y los demás países firmantes: Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia– esgrimen que abordar todas esas cuestiones era utópico.
En la orden ejecutiva que firmó el lunes para volver a imponer las sanciones, Trump establece la prohibición del comercio de oro, metales preciosos y materiales como el aluminio y el acero, así como la venta de automóviles fabricados en Irán.
Además, Estados Unidos rechazará las transacciones financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles, impondrá sanciones a quienes compren o faciliten la emisión de deuda soberana iraní y prohibirá a Irán usar dólares estadounidenses. Washington también revocó los permisos que permiten la importación de alfombras y alimentos iraníes, como los pistachos.
“Estados Unidos está completamente comprometido a hacer cumplir nuestras sanciones”, afirmó el presidente estadounidense después de firmar el decreto, según difundió la Casa Blanca en un comunicado. “Estoy abierto a alcanzar un acuerdo más amplio que aborde toda la gama de actividades malignas del régimen, incluido su programa de misiles balísticos y su apoyo al terrorismo”, agregó. Y reiteró el ultimátum al gobierno iraní: “O cambia su comportamiento amenazante y desestabilizador y se reintegra en la economía global, o bien continúa por una senda de aislamiento económico”.
Pero Irán no tiene planes de ceder. El lunes, horas antes de que las sanciones empezaran a regir, el presidente iraní, Hassan Rouhaní, rechazó cualquier negociación mientras Washington no cumpla con el acuerdo alcanzado hace tres años. “Si apuñalás a alguien y luego decís que querés conversar, lo primero que tenés que hacer es sacar el cuchillo”, afirmó el mandatario en un discurso transmitido en vivo por la televisión estatal. “Siempre estamos a favor de la diplomacia y las conversaciones [...] pero las conversaciones necesitan honestidad”, agregó.
La decisión de Trump afecta a otros países, en la medida en que el gobernante estadounidense también alertó que “los individuos o entidades que no cancelen sus actividades con Irán corren el riesgo de sufrir graves consecuencias”. Ayer insistió en esta advertencia al asegurar en Twitter que “cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos”.
Sobre los fines políticos de la medida, Trump hizo hincapié en que “Estados Unidos sigue apoyando al sufrido pueblo iraní”, y manifestó su respaldo a las protestas que se desarrollan desde la semana pasada contra la escasez de productos, la inflación, el aumento del desempleo y la corrupción.
Al mismo tiempo que busca presionar a Irán, la orden de Trump amenaza con profundizar la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), ya que las sanciones afectarán a empresas de Europa. Ante este panorama, el bloque actualizó ayer su legislación para limitar el impacto y tranquilizar a los inversores.
Entre otras medidas, la UE propuso abrir la posibilidad de que las firmas del bloque que hagan negocios con Irán reclamen compensaciones por daños y perjuicios. A la vez, Bruselas espera darles a esas empresas –sobre todo a aquellas que no tienen presencia física en Estados Unidos– una “protección legal” que minimice el riesgo anulando el conjunto de decisiones que emanen de estas sanciones.
El paquete de medidas busca mantener los canales financieros de la UE con Irán, asegurar la exportación de gas y petróleo iraní, y reafirmar el apoyo a la implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015.