Más de 60 organizaciones ambientales de Argentina y América Latina denunciaron que las empresas petroleras están llevando adelante una embestida para eliminar las normas que impiden el fracking en distintas localidades de ese país.

El método de la fractura hidráulica es resistido porque puede generar contaminación de las fuentes de agua con hidrocarburos o químicos utilizados para romper la roca a mucha presión para extraer el petróleo. El uso de esta técnica se ha extendido en el mundo, y en la última década ha llegado a Argentina. En una primera oleada, más de 30 municipios prohibieron el fracking en su territorio con normas aprobadas por sus asambleas legislativas. Desde ese entonces, la cifra ha aumentado a 69, según organizaciones ambientales.

La mayoría de estos municipios está en lo que se conoce como las “provincias petroleras” de Argentina: Jujuy, Formosa y Salta en el norte del país, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro en el centro, y Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el sur. La que concentraba más municipios “libres de fracking”, tal como se autodenominan, era Río Negro, con 12 y dos más en camino. A esto se suma el caso de Entre Ríos, donde el año pasado se iban a iniciar estudios para buscar petróleo, pero antes de que se llevaran a cabo se aprobó una ley provincial para declararse libre de fracking.

Las tensiones entre la producción y quienes defienden la protección del medioambiente cruzan todo el territorio argentino. Estas leyes han chocado, entre otras cosas, con el proyecto Vaca Muerta, que está en las provincias de Neuquén, La Pampa y Mendoza y ha sido identificado por este gobierno –y el anterior– como un yacimiento cuya explotación cambiará la realidad energética del país y lo pondrá en un mejor lugar en el mundo como productor de petróleo y gas natural.

En el extremo sur de la Argentina continental, en Santa Cruz, un acuerdo alcanzado en mayo por el gobierno nacional, el provincial y varias empresas extractoras de petróleo motivó duras críticas de organizaciones ambientales. A tal punto que iniciaron una campaña para recoger firmas para presentar un proyecto de prohibición del fracking en el Legislativo local.

En el norte, en Jujuy, se presentó en marzo un proyecto de ley con el mismo objetivo y se recurrió ante la Justicia contra un decreto que habilita ese método de extracción. A estos ejemplos pueden sumarse otros que se encuentran en casi todas las provincias argentinas, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante la acción de las organizaciones locales llegó la reacción de las petroleras, entre ellas la argentina YPF, que en distintos puntos del país empezaron a presentarse ante la Justicia para reclamar que estas normas locales sean anuladas. Se han utilizado varios argumentos, pero el que más se repite es el de que estas leyes son inconstitucionales porque los municipios no pueden regular la explotación de los recursos naturales.

Todos los fallos judiciales emitidos hasta ahora han favorecido a las empresas. El último de ellos fue emitido el 5 de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. Recayó sobre el municipio Fernández Oro y ameritó que Greenpeace publicara un comunicado titulado “La inconstitucionalidad como vía para disciplinar a los municipios libres de fracking”.

Greenpeace es una de las 60 organizaciones que firmaron un comunicado en el que se denuncia que la decisión judicial es arbitraria y va en contra de los deseos de la población, en este caso en particular la de González Oro y la provincia de Río Negro, que han llevado adelante movilizaciones masivas contra el fracking. Las normas que prohíben aplicar este sistema “son la expresión del pueblo rionegrino que demanda no sólo la protección del ambiente [...] sino también la profundización de la democracia, y que se garantice a la ciudadanía poder decidir sobre el modelo productivo a implementarse”, indica el texto.

La situación no es exclusiva de Río Negro: en diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró inconstitucional la norma aprobada por la asamblea legislativa del municipio de Vista Alegre. Además, en los últimos meses la Justicia mendocina rechazó varios recursos de amparo que buscaban frenar el fracking en la localidad de Malargüe.

Pero el dictamen de julio sentó un nuevo precedente. “Se trata de una medida disciplinadora”, afirma la carta de las organizaciones ambientales, porque también condenó al municipio González Oro a pagar casi 3.500 dólares por los honorarios de los abogados de YPF, la petrolera que presentó el recurso en ese caso. Esta condena es percibida como una advertencia a todos los municipios argentinos cuyas asambleas legislativas suelen funcionar de forma honoraria y que no cuentan con este tipo de recursos por fuera de su presupuesto habitual.

Algunos integrantes de la asamblea legislativa de González Oro y representantes de organizaciones ambientales recurrieron la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina. La máxima corte judicial tiene recursos de este tipo pendientes desde 2013, y en los últimos meses no ha manifestado su intención de tratarlos.

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