La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, está desde enero de 2016 en prisión preventiva acusada de fraude en un juicio que comenzó recién el 25 de julio, cuando ya había pasado dos años y medio tras las rejas.

Sala estaba convocada a declarar el 31 de julio, pero cuando fueron a buscarla para trasladarla fue encontrada inconsciente en la casa donde cumplía prisión domiciliaria desde diciembre. Desde allí fue trasladada a un hospital, donde se recuperó de una descompensación.

En ese contexto, el juez que lleva adelante la causa en su contra, Pablo Pullen, ordenó que Sala fuera trasladada a prisión, a un penal en Salta, y no a la casa donde estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria, que ni siquiera era aquella en la que vivía antes de ser detenida.

Lo hizo en un escrito que fue publicado, entre otros, por el diario Tiempo Argentino. En el texto se ordena el envío de Sala a prisión, pero no se argumenta el por qué de la decisión.

La actuación del magistrado fue duramente criticada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, que aseguró que a la líder de Tupac Amaru, a la que consideran una presa política, “la quieren muerta”, entre otros, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes”, indicó la organización en un comunicado.

Por su parte, varias organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, y Amnistía Internacional Argentina, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por el “palmario incumplimiento de las medidas provisionales” dictadas por este organismo. A mediados del año pasado la CIDH ordenó a Argentina que brindara a Sala el beneficio de la prisión domiciliaria de acuerdo a las normas internacionales. El juez Pullen cumplió con el dictamen, que fue ratificado por la Corte Suprema, pero tras 44 días trasladó a Sala a prisión nuevamente, para volver a enviarla en diciembre a la casa donde cumplió la prisión domiciliaria. Desde ese entonces el Comité por la Libertad de Milagro Sala denuncia que el traslado a esa casa no cumple estrictamente la orden de la CIDH, porque no es donde ella residía, y que implica que esté en un lugar alejado de la ciudad sin señal telefónica y que presenta dificultades para el acceso de los médicos. Ayer la organización informó que Sala comenzó “una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente” a la cárcel de Salta.

Además, los abogados defensores de Sala anunciaron que presentarán un habeas corpus para que se le brinde nuevamente prisión domiciliaria. Entre otras cosas, indicaron que constituye un “elemento de suma gravedad” el hecho de que Pullen no haya argumentado su decisión y aseguraron que su defendida corre riesgo de vida por el “tratamiento ilegal” que recibe por parte de la Justicia.