La nueva titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, planteó ayer las líneas principales en las que piensa trabajar durante su mandato, que empezó oficialmente la semana pasada. En su primer pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ex presidenta chilena llamó a “tomar todas las medidas disponibles” para buscar soluciones a la situación en Venezuela y Nicaragua.

Acerca de la crisis venezolana, Bachelet dijo que su oficina recibe desde junio distintas informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir. Afirmó, además, que en el mismo período continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país. “El gobierno no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina”, criticó la comisionada, en referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 2017.

También resaltó que más de dos millones de personas han huido de Venezuela e insistió en la necesidad de que el Consejo de Derechos Humanos apoye a los países que les están abriendo sus puertas. Bachelet dijo que el éxodo de venezolanos está vinculado con “la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica”, así como con “la inseguridad y la persecución política”.

Por otra parte, afirmó que el número de personas que están huyendo de Nicaragua está aumentando de forma “exponencial” como consecuencia de la crisis política y pidió a ese organismo de la ONU que refuerce su vigilancia sobre el país. “Entre tanto, nosotros seguiremos documentando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, aseguró, una semana después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ordenó expulsar a un equipo de observadores de la ONU que investigaba y documentaba abusos en este país en el contexto de la represión de las protestas ciudadanas que comenzaron en abril.

La comisionada también denunció el riesgo que corren los activistas y defensores de los derechos humanos en varios países de América Latina. En este sentido, dijo que Colombia es el país que más asesinatos registró, con 53 líderes sociales muertos entre el 1º de enero y el 1º de setiembre de este año.

Bachelet recalcó que otros defensores de los derechos humanos que sobreviven a atentados sufren persecución judicial, denuncias abusivas, campañas de difamación, son vigilados o viven bajo constantes amenazas de muerte.

Por otra parte, expresó su preocupación por los planes que se discuten en el seno de la Unión Europea (UE) para crear “plataformas de desembarco” de inmigrantes que podrían estar ubicadas en países africanos. Allí, dijo, corren el riesgo de ser asesinados, detenidos sin razón, torturados o convertirse en víctimas de violencia sexual, de trabajos forzados y de explotación. “El prospecto de que la UE subcontrate su responsabilidad de gestionar la migración con países que tienen sistemas de protección débiles es alarmante”, denunció.

En la misma línea, Bachelet adelantó que tiene previsto enviar equipos de expertos a Italia y Austria para hacer una evaluación de la situación de la inmigración irregular. El ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, no demoró en contestarle: “No aceptamos lecciones de nadie y menos de la ONU, que se muestra incapaz, inútilmente costosa y desinformada”.