El diputado Darío Pérez, de la Liga Federal, sorprendió a sus correligionarios el 6 de este mes al anunciar que no votaría el proyecto de reforma de la Caja Militar a menos que se le hicieran algunos cambios. Ayer, el grupo bicameral del Frente Amplio (FA), que había trabajado varios meses para llegar a un proyecto de consenso, se volvió a reunir para analizar las propuestas que Pérez le hizo llegar por escrito. Tras casi dos horas de intercambio, el grupo decidió rechazar la mayoría de las modificaciones planteadas por el legislador.

El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, explicó a la diaria que en un principio Pérez había planteado reparos acerca de tres temas, pero terminó presentando un listado de aproximadamente 20 propuestas de modificación. Los legisladores oficialistas sólo están dispuestos a discutir los puntos planteados inicialmente.

En el primer momento, Pérez manifestó que hay soldados que ingresan al Ejército con extraedad, por ejemplo con más de 26 años, y que con el retiro obligatorio a los 48 años no llegarían a configurar una causal jubilatoria. En relación con este asunto, los legisladores oficialistas estarían dispuestos a revisar el artículo 8 –que es el que establece los retiros obligatorios– y el 40 –que establece bonificaciones para la causal de retiro–, pero Asti recalcó que sólo lo discutirían en el caso de quienes hayan empezado con extraedad. También evalúan como posibilidad hacer alguna modificación al texto para que las viudas o viudos de personal fallecido en actos de servicio tengan un mejor régimen pensionario.

En cambio, en el oficialismo no hay intención de negociar sobre el planteo de Pérez de que la reforma sólo se aplique a los oficiales que hoy tienen diez años o menos de antigüedad, y a los subalternos con cinco años o menos. La propuesta original del Poder Ejecutivo establecía que quedaran excluidos del nuevo sistema todos aquellos que tuvieran más de 20 años de servicios, y en el grupo bicameral resolvieron atenuarla, dejando afuera a quienes tienen más de 15 años de actividad. Tampoco hay disposición a rever en general los años de bonificación. La iniciativa actual establece que por cada cinco años de actividad se computen seis, y Pérez propone que se computen siete. Según el diputado Alejandro Zavala, del sector Ir, las consecuencias de ese cambio equivaldrían a aumentar la tasa de reemplazo (la relación entre el sueldo al momento del retiro y la primera pasividad).

Zavala indicó que en su sector están dispuestos a reconsiderar algunos “detalles” del proyecto de ley, pero no los aspectos centrales de la reforma. “Estuvimos cuatro meses discutiendo en la bicameral y ya resolvimos el fondo del proyecto”, aseveró.

El diputado Carlos Coitiño, del Partido por la Victoria del Pueblo, también opinó que las modificaciones que Pérez propuso van “absolutamente en otra línea” de los entendimientos alcanzados en el grupo bicameral, mediante concesiones de distintos sectores. Este planteo “dificulta la búsqueda de un acuerdo”, ya que el proyecto al que se había llegado ya es “extremadamente generoso” con los militares, y las demandas de Pérez “multiplican por 100 la generosidad”.

“Seguramente empezaremos a conversar con diputados extra Frente, salvo que el compañero Pérez diga que está de acuerdo con lo que le estamos respondiendo, que presumo que no lo estará”, agregó Zavala. Por su parte, Asti apuntó que una vez que cierren “el capítulo de Darío Pérez, o simultáneamente a cerrarlo”, van a comenzar a hablar con la oposición. Aclaró que no lo van a hacer “porque él esté diciendo que no va a votar” el proyecto, sino porque en el FA “hay un consenso total” de todos los demás sectores, y sobre esa base piensan explorar entendimientos más amplios, tal como lo hicieron con la Rendición de Cuentas. El encargado de transmitirle a Pérez las respuestas de la comisión será el coordinador de la bancada del FA de la Cámara de Diputados, Felipe Carballo.

“No es institucional”

Ayer el Ministerio de Defensa Nacional publicó un comunicado en el que sostiene que un documento con fuertes críticas al gobierno, atribuido por El País al Ejército, no es oficial. Según la cartera, el ministro Jorge Menéndez le solicitó al mando superior del Ejército que confirmara si existía tal documento, y la respuesta fue que no existe.

El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer de mañana, en rueda de prensa, que el “gobierno ha cumplido con lo que tenía que cumplir”, y que sancionó tanto al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, como a los responsables de tocar la marcha de Tres Árboles en la Expo Prado, pero recalcó que se trata de sanciones administrativas, no políticas. También aseguró que el documento “no es institucional” y que desde las Fuerzas Armadas le informaron que “no avalan para nada” lo que trascendió en la prensa.

La nota publicada ayer por El País afirmó que el documento, “preparado por altos jefes” del Ejército, acusaba al gobierno de mostrar “soberbia e hipocresía” al impulsar la reforma de la Caja Militar, y preguntaba, acerca de Manini Ríos: “¿Qué alternativa le quedaba al comandante? ¿Respetar el reglamento [por cuya transgresión fue sancionado] y permitir callado la boca que se fusilara a 2/3 partes del Ejército con una ley a todas luces injusta [...]?”.