El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que no reanudará las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana hasta que este libere a todas las personas que mantiene secuestradas y termine con “las acciones criminales”. La decisión fue anunciada el sábado, cuando se cumplía el plazo de 30 días que Duque estableció para analizar el diálogo junto con el nuevo equipo de gobierno.

En esa evaluación, dijo Duque, se determinó que durante los 17 meses de conversaciones que mantuvo el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos con el ELN la guerrilla “organizó 462 actividades criminales que cobraron cerca de 100 víctimas mortales” y hubo 16 secuestros. Además, se cometieron 148 atentados contra la infraestructura petrolera, algo “que ha generado realmente un ecocidio”, afirmó Duque. “Es importante que la ciudadanía entienda que no se puede hablar de paz mientras se está apelando a la violencia como mecanismo de presión al Estado y a la sociedad colombiana”, agregó.

Por eso, decidió que –de momento– no designará a ningún funcionario para que asuma como jefe de la delegación de paz de su gobierno para los diálogos con el ELN. Tampoco suspenderá las órdenes de captura contra sus líderes.

La semana pasada, el ELN liberó a tres soldados que había secuestrado en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. El domingo, uno de sus portavoces, conocido como Comandante Uriel, aseguró en Twitter que habrá nuevas liberaciones “a pesar de las declaraciones de Iván Duque”.

La información fue confirmada al día siguiente por el titular de la Oficina del alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, quien dijo en declaraciones a una radio local que estaba en marcha una operación humanitaria para liberar a seis secuestrados. Se trata de tres funcionarios de la Policía, dos civiles y un soldado. Todos fueron secuestrados por el ELN el 3 de agosto cuando navegaban por el río Arquía, en el departamento del Chocó, al oeste del país.

Sin embargo, Duque no se limita a exigir la liberación de quienes están retenidos desde agosto, sino que pide la libertad de todos los secuestrados y el abandono de todas las acciones criminales. Sólo cuando se den esas condiciones el gobierno estará dispuesto a sentarse a la mesa para construir una agenda “creíble en la que se garantice que no habrá más secuestrados, que no habrá más voladuras de oleoductos y que tampoco habrá participaciones en el negocio ilegal de narcotráfico”, insistió Ceballos.

El ELN, por su parte, reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones, aunque cuestionó que el gobierno de Duque ponga estas condiciones para mantener el diálogo. “Al desconocer los acuerdos y colocar unilateralmente condiciones inaceptables, este gobierno está cerrando esta mesa”, dijo la guerrilla en un comunicado en el que aseguró que no se estaba “honrando” lo pactado con el gobierno anterior. “Si hay que ajustar lo que traemos, lo acertado es que nos sentemos las dos partes, dialoguemos y de común acuerdo hagamos los ajustes que se requieran”, detalla el texto.

El ELN es el grupo armado más grande del país después de la desmovilización el año pasado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De ese proceso surgió el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), cuya dirigencia está dividida en estos días al desconocerse el paradero de seis ex líderes guerrilleros, incluido quien fue el jefe negociador, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia confirmó el jueves que los seis dirigentes abandonaron los llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación en los que se encontraban y se marcharon con rumbo desconocido. Desde entonces, se multiplicaron los llamados del gobierno, de organismos sociales y de sus propios compañeros para que se reporten.

Ayer, el ex combatiente y actual senador de la FARC Jorge Torres Victoria –alias Pablo Catatumbo– le pidió a Iván Márquez que se pronuncie sobre su situación con el fin de evitar que “las especulaciones sigan haciendo carrera” y se genere “más incertidumbre jurídica”. Una de las hipótesis que manejan los medios colombianos, y que Catatumbo descarta, es que los antiguos dirigentes guerrilleros se hayan unido a alguna disidencia todavía activa de aquella organización armada.