La Corte Suprema argentina cambió de presidente el martes de manera sorpresiva, sin que esta votación fuera anunciada o incluida en la agenda de esa sesión. Si bien era necesario designar un nuevo titular o renovar el mandato de Ricardo Lorenzetti antes de enero, los integrantes de la Corte Suprema, que eligen a su presidente cada tres años, concluyeron que era “aconsejable” anticipar la votación y renovar autoridades a partir del 1º de octubre.
De acuerdo con los periódicos argentinos, este resultado fue impulsado por quien fue electo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, no por Lorenzetti, que se enfrentó a los hechos casi consumados. Los diarios también coinciden en que desde el punto de vista político se trata de una buena noticia para el gobierno de Mauricio Macri.
Los integrantes de la Corte Suprema son propuestos por el presidente argentino y designados por los votos de dos tercios del Senado. En el caso de Lorenzetti, que presidió el tribunal por los últimos 11 años, se integró a la Corte Suprema en 2004 por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, mientras que Rosenkrantz ingresó en 2016, elegido por Macri. Esta designación generó críticas en ese momento porque Macri intentó imponer al juez por decreto y eludir así la necesidad de conseguir el aval del Congreso. Finalmente, el presidente siguió el camino más largo y Rosenkrantz obtuvo el voto de los senadores.
El martes, la elección de Rosenkrantz como titular de la corte fue celebrada en el gobierno por altos funcionarios, según informaron distintos medios sin dar nombres. Otros políticos oficialistas sí hicieron pública su reacción, como la diputada Elisa Carrió, enemiga política de Lorenzetti, a quien llegó a denunciar por enriquecimiento ilícito años atrás. “Déjenme gozar hoy”, tuiteó Carrió. “Yo sabía todo pero no sabía que iba a poder ocurrir”, agregó. “¡Gracias a Dios! Terminó la impunidad y la extorsión. [Lorenzetti] no es más presidente, que es quien administra la Corte. ¡Es un milagro!”, completó.
En particular, Carrió destacó el papel que tuvo el martes la jueza Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de ese tribunal, y dijo que “va a ser recordada por haberle hecho un gran bien a la República y a la Patria”. De acuerdo con el diario Página 12, fue Highton quien propuso la candidatura de Rosenkrantz, y a su vez, este juez propuso que esta magistrada siguiera en la vicepresidencia de la corte. Ellos emitieron los dos primeros votos. Con el voto de Horacio Rosatti, también designado por Macri, Rosenkrantz tenía asegurada la mayoría.
Distintos medios argentinos, como La Nación y Clarín, señalaron que los 11 años de Lorenzetti se caracterizaron por una conducción política de la Corte Suprema, que el juez tenía una intención de dar mensajes a los gobernantes con sus sentencias y que tenía un alto perfil. Señalaron que el gobierno, que hoy tiene ya varios frentes de críticas, prefiere un tribunal que no discuta sus sentencias públicamente sino que construya un perfil más técnico.
Sin embargo, la propia división de posiciones que genera la elección de Rosenkrantz entre dirigentes de los distintos partidos deja claro que la Corte Suprema no es ajena a la política. Aunque Lorenzetti no era un juez kirchnerista, y estuvo enfrentado al gobierno de Cristina Fernández, el cambio de autoridades recibió críticas desde ese sector, el principal de la oposición. El titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, dijo que “independientemente de que los cinco miembros de la Corte tienen la facultad de elegir su presidente, no es una buena noticia” que el elegido sea alguien a quien Macri intentó “poner por decreto”.
Rosenkrantz también ha sido cuestionado por la relación que mantuvo en el pasado, al frente de su estudio jurídico, con grandes grupos empresariales. “Toda su trayectoria como abogado estuvo hecha dependiendo de las corporaciones”, dijo Rossi a la agencia de noticias Efe, y agregó: “Esa no es una trayectoria que a nosotros nos genere ningún tipo de tranquilidad en cuanto a la orientación que pueda tener la Corte”.
Otro motivo de críticas a Rosenkrantz, que se repitió desde su elección, fue su identificación con el “fallo del 2x1” en el juicio al represor Luis Muiña. Esta sentencia, que se le atribuye, dispuso en su momento que se le aplicara a Muiña, condenado por violaciones a los derechos humanos, una ley ya derogada que contabilizaba doble cada año cumplido en prisión en el caso de aquellas personas que todavía tuvieran alguna posibilidad de apelar su sentencia.
Cuando se discutía su designación como integrante de la corte, recordó Página 12, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó a Rosenkrantz de alguien con “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos”, en la aplicación de la legislación internacional y en “sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.